Unións Agrarias (UU.AA.) acusó este viernes 8 al Consello Regulador da Denominación de Orixe (D.O.) Rías Baixas de favorecer un modelo que beneficia a las bodegas en detrimento de los viticultores, especialmente los pequeños productores de la comarca de O Salnés que cuidan sus parcelas.
La organización agraria presentó documentación oficial que muestra una pérdida continuada de viticultores, más de 300 en los últimos 4 años, mientras las bodegas aumentan sus plantaciones y concentran las ayudas públicas.
El vocal de UU.AA. en el Consello Regulador, Manuel Dopazo, explicó que este año las condiciones climáticas favorecieron una "excelente cosecha", con racimos más grandes y pesados, lo que llevó a muchos viticultores a solicitar un incremento del límite de producción (actualmente establecido en 12.000 kg/hectárea) para las parcelas bien cuidadas.
Sin embargo, el Pleno del Consello, dominado por las bodegas, según denuncia Unións Agrarias, rechazó la propuesta en una sesión extraordinaria. Según Dopazo, esta decisión obligará a muchos productores a vender el excedente a precios muy bajos o incluso a dejar uvas sin recoger.
La propuesta del sindicato fue rechazada a pesar de que una medida similar ya se había adoptado en otras tres ocasiones en años con buena cosecha.
"No puede ser que las ayudas públicas vayan solo a las bodegas, mientras los viticultores tienen que vender uva a precios de favor", denunció Roberto García, secretario xeral de UU.AA.
Según los datos ofrecidos, 20 bodegas do Salnés concentraron tantas ayudas como 600 viticultores, y el 100% de las subvenciones para exportación y reestructuración fueron para el sector elaborador.
Unións Agrarias exige transparencia en el proceso de certificación de las cosechas, ya que denuncian que el Consello Regulador basa sus estimaciones en informes de las propias bodegas, sin comprobar in situ el rendimiento real de las parcelas.
"Hay fincas abandonadas o de nueva plantación que no pueden producir 12.000 kg, pero se usan para justificar medias artificiales y reducir el precio de la uva", señaló Dopazo.
El sindicato advierte de que esta práctica genera un "mercado negro", donde las bodegas aprovechan para comprar el excedente de los viticultores a precios muy bajos, bajando la cotización del albariño y perjudicando especialmente a las cooperativas.
La documentación presentada por UU.AA. revela que, aunque la superficie de viñedo y la producción aumentaron en los últimos años (de 35,5 millones de kg en 2018 a 44,3 millones en 2023), el número de viticultores sigue cayendo (de 5.265 a 4.991).
"Estamos financiando con dinero público que las bodegas planten viñedo propio y dejen de comprar a pequeños productores", criticó García, lamentando esta elección de un modelo no comunitario.
El sindicato reclama que las ayudas a las bodegas estén condicionadas a garantizar contratos de compra a los viticultores y que se revise la composición del Consello Regulador, actualmente mayoritario en representantes de las bodegas.
"Si no cambia el modelo, la D.O. Rías Baixas se convertirá en un negocio sin agricultores", concluyeron.
Unións Agrarias anunció que, si es necesario, acudirá a las vías judiciales para acceder a los expedientes de nuevas plantaciones y exigir controles rigurosos en la próxima vendimia, prevista para finales de este mes de agosto si no hay alteraciones meteorológicas durante los próximos días.