El Concello de Vilagarcía de Arousa ha anunciado que acudirá a la vía contencioso-administrativa para impugnar la decisión de la Deputación de dejar fuera al municipio del II Plan Extra.
Era una línea de ayudas destinada a financiar, entre otras actuaciones, la humanización de las calles Aduana y Cruz.
El alcalde vilagarciano, Alberto Varela, comunicó esta decisión este miércoles en una comparecencia pública en la que también quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Carril, asegurando que las obras previstas se ejecutarán "con o sin el respaldo del organismo provincial".
El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 900.000 euros, de los cuales 548.000 habían sido solicitados a la convocatoria provincial, mientras que el resto procede de fondos europeos vinculados al EDIL.
El regidor defendió tanto la tramitación administrativa como el diseño técnico elaborado por el arquitecto municipal, rechazando los argumentos que cuestionan su viabilidad.
El alcalde cargó contra la gestión del presidente de la Deputación, Luis López, al considerar que se ha producido un deterioro en la relación institucional con los concellos.
A su juicio, se ha pasado de un modelo de comunicación fluida y colaboración técnica a una etapa marcada por la "absoluta falta de respecto institucional e nula colaboración cos concellos".
El responsable municipal fue más allá al cuestionar la motivación de la exclusión, sugiriendo que podría responder a intereses partidistas. "Non foi unha decisión inocente", dijo.
En este sentido, planteó dudas sobre la compatibilidad entre la presidencia de la Deputación y la del Partido Popular provincial en la toma de decisiones que afectan a los municipios, "porque, á hora de tomar decisións como estas, que pesa máis, a postura institucional ou o interese partidista?", se preguntó
Asimismo, vinculó este cambio de rumbo a la cercanía de las elecciones municipales de 2027, criticando la actitud del Partido Popular local por respaldar, según afirmó, decisiones que perjudican a la ciudad.
También reprochó a los populares su gestión pasada, recordando la renuncia a fondos europeos del programa Arousa XXI durante su etapa en el gobierno municipal.
La Deputación defiende la actuación
La Deputación de Pontevedra respondió a las críticas del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, por la pérdida de financiación al amparo del II Plan Extra, reclamando "máximo respeto" para el personal técnico provincial y rechazando cualquier intento de presión o utilización partidista de este proceso administrativo.
En un comunicado, el gobierno provincial, presidido por Luis López, subraya que los técnicos de la institución "desempeñan su labor con el máximo rigor y compromiso con la legalidad", recordando que en ocasiones anteriores informaron favorablemente proyectos del propio Concello de Vilagarcía.
La Deputación asegura que mantuvo al Concello de Vilagarcía informado en todo momento y que dispuso de varias oportunidades para corregir las deficiencias en su solicitud al II Plan Extra.
La institución provincial rechaza también las críticas sobre un supuesto trato discriminatorio.
Según los datos facilitados, en lo que va de mandato el gobierno provincial transfirió 8,3 millones de euros a Vilagarcía a través de distintos programas, incluyendo 1,1 millones del I Plan Extra.
El gobierno provincial insta al ejecutivo local a "rectificar de inmediato sus acusaciones infundadas", recuperar la colaboración institucional y "abandonar la confrontación partidista" para garantizar una gestión más rigurosa de los recursos públicos.
Reparto de fondos
La Deputación de Pontevedra ha iniciado el proceso para repartir los fondos del II Plan Extra, dotado con cerca de 37 millones de euros en el conjunto de la provincia.
De esta cuantía, alrededor de 5,9 millones se destinarán a municipios de las comarcas do Salnés y Arousa, mientras que más de 7,6 millones se dirigirán a la zona de Pontevedra.
En total, 57 concellos se beneficiarán de estas ayudas, orientadas a impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo territorial, la mejora de servicios y el equilibrio entre el ámbito rural y urbano.
Las asignaciones serán aprobadas previsiblemente en el pleno ordinario del organismo provincial previsto para el próximo 27 de marzo.