La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra un empresario de Viascón (Cotobade), José Manuel Moure Rey, acusado de un delito de estafa continuada por haber dejado a dos familias de Tomeza y Campo Lameiro sin las casas prefabricadas de madera que le contrataron y por las que cobró diversas cantidades.
El juicio comenzó el pasado 7 de noviembre, más de un año después de que la Audiencia Provincial le citase por primera vez y nueve meses después de haber sido juzgado por los mismos hechos en un juicio que finalmente hubo que repetir por un problema en el sistema de grabación de la Audiencia Provincial. Aquel día quedó pendiente un último testigo y este martes, finalmente, pudo declarar por videoconferencia.
Se trata del responsable de la empresa de Ciudad Real que en el momento de los hechos proveía al acusado de casas de madera que él vendía, como intermediario, a sus clientes. Según relató, les contrató tres casas que les pagó y entregaron, pero nunca llegó a hacerles ningún ingreso por las dos que dieron lugar a esta causa.
El testigo indicó que ellos redactaron los contratos y elaboraron los proyectos para ambas casas, pero el acusado nunca llegó a hacerles el primer pago necesario para que empezasen a fabricar las casas. La familia de Campo Lameiro acabó contratándoles directamente la vivienda y pagándosela a ellos, pero la de Tomeza sigue sin casa cuatro años después de que tuviesen que haberse mudado.
Tras el testimonio de este testigo, el fiscal del caso, Augusto Santaló, dio a conocer que haría una modificación en las conclusiones iniciales realizadas por la Fiscalía en este caso. Le considera igualmente autor de un delito continuado de estafa, pero considera que debe apreciarse la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de reincidencia, pues el acusado ya fue condenado por estafa en Santiago de Compostela. Además, alternativamente, manifestó al tribunal que si no le condena por estafa, lo haga por el delito de apropiación indebida.
El fiscal pide que sea condenado a 8 años de prisión, pero las acusaciones particulares que ejercen las dos familias afectadas elevan la petición a 9 años de cárcel. Una de las abogadas insistió en que tiene hasta tres condenas por estafa previas y ambas insisten en que tiene que aplicarse la agravante de reincidencia. Frente a ellos, su defensa mantiene la inocencia del empresario y pide su libre absolución.