Los más de 6.000 viticultores que suelen vender uvas a las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas acumulan impagos de sus productos de hasta cuatro años. A "muchos" de ellos las bodegas todavía no les han pagado las que le vendieron durante la cosecha del año 2011 y, de media, cobran con un retraso de dos años.
Así lo han dado a concer este martes el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García; el responsable del sindicato en la DO Rías Baixas, Manuel Ángel Dopazo; y el responsable comarcal de UGT, Ramón Vidal, en una comparecencia en la que alertaron de que estos retrasos en los pagos están llevando a muchos viticultores de Rías Baixas a "tirar a toalla", pues les resulta inasumible asumir por sí mismos los costes de producción de hasta tres cosechas sin cobrar ninguna. Tan sólo algunas pequeñas bodegas pagan en el año a sus proveedores y la "situación xeneralizada" es el retraso en los abonos.
Esta dramática situación por la que pasa el sector es, si cabe, más grave si se tiene en cuenta que se produce en un momento en que la Ley de Cadena Alimentaria obliga a las bodegas a firmar un contrato con los viticultores que les vendan más de 2.500 euros antes de cada vendimia fijando aspectos como el precio y la fecha de entrega de las uvas. Desde que entró en vigor esa normativa, el 1 de enero de 2014, en la DO Rías Baixas no se ha firmado ningún contrato.
Roberto García ha criticado que el Ministerio de Agricultura no haya tomado cartas en el asunto a pesar de que en más de un año y medio ningún bodeguero ha cumplido la ley y ha anunciado que desde Unións Agrarias "imos utilizar toda a forza que nos da lei para denunciar todas e cada unha das adegas que incumplen os contratos". Según ha indicado, no llevará el tema a los juzgados, sino ante el órgano de control habilitado por el ministerio para el seguimiento del cumplimiento de la ley.
Además de denunciar la ausencia de contratos, desde Unións Agrarias avanzan que "seremos belixerantes" con otro aspecto de la ley, el que establece que el pago de la uva debe hacerse en un plazo máximo de 30 días. El sindicato admite que la interpretación de la ley puede llevar a pensar que esos 30 días se cuentan desde que se apruebe al cosecha y no desde la vendimia, pero señalan que, en todo caso, ese plazo no podría ir más allá del 30 de enero del año siguiente a la cosecha y nunca con dos o tres años de retraso.
Roberto García recuerda que no firmar los contratos debería conllevar que se abriese expediente a las bodegas y una sanción inicial de 3.000 euros estipulada por la ley y, si se insiste en esa desobediencia, el ministerio debería aplicar sanciones más graves a los bodegueros. En el caso de los retrasos en el pago, por normativa son sanciones graves que deberían conllevar sanciones de entre 3.000 y 100.000 euros.