La Xunta de Galicia ha cargado contra la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de modificar los criterios para fijar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), al considerar que supondría un cambio encubierto de la legislación de Costas y podría afectar a numerosos núcleos costeros de la comunidad.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la reforma, incluida en el proyecto de real decreto sobre la gestión de los riesgos de inundación, introduciría un nuevo sistema para determinar el alcance del mar.
Frente al criterio actual, que exige que el agua alcance una determinada cota al menos cinco veces en un período de cinco años, el Ministerio plantea tomar como referencia el registro de una única máxima ola en un momento concreto.
Según la Xunta, esta modificación generaría una situación de "inseguridad permanente", ya que futuras actualizaciones de los modelos o de las series de datos podrían justificar revisiones continuas de los deslindes.
En la práctica, advierte de que más terrenos podrían pasar a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, con las restricciones que ello implica para usos residenciales, turísticos e industriales.
El Gobierno gallego considera además que el nuevo criterio no tiene en cuenta las particularidades de la costa gallega, especialmente las rías, donde los temporales pueden hacer que el oleaje penetre más hacia el interior que en otros tramos de litoral. A su juicio, basar los deslindes en episodios extremos podría hacer que el dominio público alcanzase zonas urbanas consolidadas próximas al mar.
La Xunta recuerda que buena parte de la fachada litoral gallega está formada por núcleos de población asentados junto a la costa y advierte de que un deslinde más amplio podría afectar también a la gestión de instalaciones vinculadas a la actividad portuaria y pesquera, como lonjas, almacenes o accesos a los puertos.
Desde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático critican además que el Ministerio impulse este cambio mediante un real decreto centrado en la gestión del riesgo de inundaciones y no a través de una reforma específica de la normativa de Costas.
También reprochan que la propuesta se encuentre en fase de audiencia pública sin un análisis técnico diferenciado por tipos de litoral ni por las distintas realidades socioeconómicas.
La Administración autonómica sostiene igualmente que el Gobierno central no informó de esta iniciativa durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este mes de julio, en la que se abordó la reforma del Reglamento General de Costas, y denuncia una falta de transparencia y de participación de las administraciones y sectores afectados.
Ante esta situación, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido una carta a los concellos costeros, a representantes de la cadena mar-industria y a los integrantes del Foro do Litoral para animarlos a presentar alegaciones durante el período de información pública abierto por el Ministerio.
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