El pleno extraordinario del Concello de Sanxenxo aprobó este viernes 12 de forma inicial la creación de una Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en los núcleos urbanos de Sanxenxo y Portonovo.
La medida salió adelante con el voto a favor del Partido Popular y la abstención de los dos grupos de la oposición, el BNG y el PSOE. La iniciativa parte de un estudio sonométrico realizado a principios de abril que reflejó registros de ruido por encima de los 55 decibelios nocturnos permitidos por la normativa gallega en áreas residenciales.
La nueva regulación entra ahora en un periodo de exposición pública de un mes para la presentación de alegaciones antes de su remisión definitiva al pleno.
Desde el gobierno de Telmo Martín defendieron la necesidad de aplicar esta figura legal para compatibilizar la actividad hostelera con el descanso vecinal.
Por su parte, el portavoz del BNG, Octavio González, justificó la abstención de su grupo al considerar necesario conocer la opinión del sector afectado y demandó aclaraciones sobre la aplicación y el destino de las sanciones.
La sesión plenaria también sirvió para aprobar, con el respaldo en solitario del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE, la actualización del pago mensual a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria.
La aportación municipal se incrementa de los 136.311 euros actuales a un total de 163.743 euros al mes.
Como contrapartida, la firma adjudicataria asumirá la adquisición de 210 contenedores nuevos, 100 de carga trasera y 110 de carga lateral, por un importe de 125.000 euros más IVA.
Este incremento y el estado del servicio centraron las críticas de la oposición. El BNG reprochó los cambios de criterio del ejecutivo municipal en la tramitación del nuevo contrato de residuos tras vencer la anterior adjudicación.
La formación nacionalista expuso que el paso de un concurso público de licitación a la propuesta actual de gestión directa ralentiza los plazos, cuya conclusión no se prevé hasta enero de 2027, y criticó las deficiencias del servicio en las zonas rurales del municipio.
Por su parte, el PSOE basó su rechazo en una resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) referida al concurso principal de este servicio, valorado en más de 40 millones de euros.
Según el grupo socialista, el órgano autonómico estimó parcialmente un recurso contra la decisión del Concello de no adjudicar ese contrato masivo, obligando a retrotraer el procedimiento debido a un defecto de forma en la comunicación.
Los socialistas lamentan la falta de previsión técnica del gobierno local en la tramitación de la mayor partida económica del municipio.