Hubo un tiempo en el que los presupuestos de un país eran casi un acto sagrado de la democracia. No porque las cuentas públicas fueran perfectas —nunca lo fueron—, sino porque obligaban al Gobierno a hacer algo esencial: explicar. Explicar cuánto dinero había, en qué se iba a gastar, qué prioridades se elegían y qué sacrificios implicaban esas decisiones.
Hoy, sin embargo, España parece haberse acostumbrado a otra dinámica mucho más peligrosa: gobernar sin presupuestos nuevos mientras se anuncian constantemente nuevos compromisos multimillonarios, inversiones, ayudas, reformas y obligaciones económicas que condicionarán durante años las cuentas públicas sin un debate presupuestario completo y actualizado.
Y lo más preocupante es que esta anomalía empieza a parecer normal.
Cualquier familia entiende algo muy simple sin necesidad de economistas ni asesores: cuando entra dinero en casa, se sabe cuánto hay, de dónde viene y en qué se gasta. Y cuando aparecen nuevos gastos importantes, se habla, se decide y se asumen responsabilidades.
En política debería ocurrir exactamente lo mismo.
La Constitución, en su artículo 134, establece con claridad que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado y que las Cortes deben debatirlos y aprobarlos. No se trata de un simple trámite administrativo. Es uno de los pilares fundamentales del control democrático sobre el dinero público.
Porque el presupuesto no es únicamente una hoja de números. Es la explicación política de qué prioridades tiene un país, cuánto puede gastar y cómo piensa sostener ese gasto.
Y ahí es donde empieza a crecer la preocupación de muchos ciudadanos. Cada vez resulta más difícil seguir el recorrido del dinero público. Entre fondos europeos, modificaciones de crédito, decretos extraordinarios, partidas reubicadas y anuncios fragmentados, el debate económico parece haberse convertido en una especie de laberinto técnico donde casi nadie logra comprender del todo qué se está aprobando, quién lo controla realmente y cuánto terminará costando.
Como se dice muchas veces en Galicia, “vai todo tan ben explicado que ao final xa ninguén sabe nin o que lle están contando”.
El economista Joseph Stiglitz lleva años defendiendo que la transparencia es una condición indispensable para mantener la confianza pública. Cuando las cuentas dejan de ser comprensibles, el ciudadano pierde capacidad de control y acaba dependiendo únicamente de la fe política.
Y quizá ahí convenga recordar algo que la historia ya enseñó hace siglos. La Caída del Imperio romano de Occidente no fue un derrumbe instantáneo provocado únicamente por invasiones externas. Roma empezó a caer mucho antes de que llegaran los bárbaros. Se debilitó desde dentro.
La corrupción política, las luchas de poder, la pérdida de cohesión institucional, el desgaste económico y la desconexión entre gobernantes y ciudadanos fueron erosionando lentamente un sistema que parecía invencible. Roma seguía aparentando grandeza mientras sus estructuras internas comenzaban a deteriorarse.
Muchos historiadores coinciden en una idea sencilla pero inquietante: los grandes sistemas rara vez colapsan de golpe; antes suelen acostumbrarse lentamente a funcionar mal.
Y las democracias modernas tampoco son inmunes a ese desgaste. Cuando un país normaliza la falta de claridad institucional, cuando los mecanismos de control pierden fuerza y cuando el ciudadano termina resignándose a no entender cómo se administra el dinero público, el deterioro democrático empieza mucho antes de que aparezcan las grandes crisis.
Porque la desconfianza no nace únicamente de los errores económicos. Nace, sobre todo, cuando las instituciones dejan de ofrecer explicaciones claras y comprensibles.
Nadie discute que un Gobierno deba tomar decisiones difíciles. Tampoco que existan momentos excepcionales que obliguen a actuar con rapidez. Pero precisamente por eso la transparencia debería ser todavía mayor.
Y por eso hay preguntas que no deberían seguir esquivándose. Si un Gobierno encadena prórrogas presupuestarias durante años mientras compromete enormes cantidades de dinero público a futuro, ¿quién está ejerciendo realmente el control efectivo sobre esas decisiones?
Y hay otra cuestión aún más incómoda.
Si determinadas políticas económicas no pueden explicarse con absoluta claridad ante el Parlamento y ante los ciudadanos, quizá el problema no sea la dificultad de las cuentas. Quizá el problema esté en la forma de gobernar.
Porque al final todo se resume en algo muy básico: que cualquier ciudadano pueda entender qué hacen los gobernantes con el dinero que sale de su bolsillo.