El salón de plenos de la Deputación volvió a acoger una sesión plenaria ordinaria de la corporación municipal de Pontevedra, en esta ocasión correspondiente a este mes de mayo. Un grupo de representantes sindicales de la junta de personal del Concello de Pontevedra asistía a esta sesión en la que en el segundo punto se votaba la propuesta de modificación de la plantilla del Concello de Pontevedra.
Carme Fouces, concejal de Persoal, explicaba que esta actuación pretende transformar los puestos de trabajo del personal fijo e indefinido para convertirlos en personal funcionario municipal. La medida permite que 38 plazas se conviertan en funcionarios, 17 pertenecientes a personal laboral fijo y 21 de personal laboral indefinido. "É unha boa proposta que vai mellorar a situación", explicó la edil anunciando que el cambio será a través de criterio de fijeza para el personal fijo mientras que los indefinidos se mantendrán adscritos hasta que sean cubiertas por un funcionario después de un proceso de empleo público.
La representante popular Pepa Pardo indicó que se debe tender a estabilizar los puestos de trabajo pero matizó que el PP pide un giro a la política de personal "que deja mucho que desear". Pidió que se pongan en valor a los trabajadores del Concello y abandonen "políticas de imposición" desde el gobierno local para encauzarse en la "senda de la negociación" atendiendo las peticiones de todos los trabajadores. El punto se aprobaba con los votos a favor del BNG y del PSOE, y la abstención del PP, entre los abucheos por parte de los representantes sindicales sentados en la zona del público.
El malestar de este colectivo se hizo patente también durante el debate del siguiente punto, referido al expediente de modificación de crédito por más de 11 millones de euros, que defendía el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo. Los trabajadores municipales interrumpieron su intervención y el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores demandó que se guardara silencio expresando que "seguramente" cuando hablase Rafa Domínguez, portavoz del PP, "estarán calados". Precisamente, Domínguez increpó al regidor pidiendo que evitara esos "comentarios despóticos a los funcionarios que usted representa", frase que fue respondida con aplausos desde las sillas del público.
El punto fue aprobado por mayoría con los votos favorables del grupo del gobierno y los votos en contra de la oposición. Durante el debate, Raimundo González explicó que este dinero se destinará a más de un centenar de actuaciones con la creación de doscientos puestos de trabajo directos con un incremento de la actividad económica y mejora de equipamientos y servicios para la ciudadanía, que se enfrenta a una situación compleja derivada de la pandemia, la guerra, la escasez de productos y el aumento de la inflación. Anunció que se mejorará la iluminación pública reduciendo los gases contaminantes y rebajando el consumo energético tanto en la zona sur como en la norte de la ciudad, además de afrontar actuaciones en zonas verdes, proyectos deportivos y de mejora de equipamientos culturales como el centro social de Bora. A estas intervenciones sumó más de 800.000 euros que se destinarán a la mejora de viales en las parroquias.
Rafa Domínguez respondió con una pregunta "¿para qué les sirve esta modificación de crédito? Para salir en la prensa. No hacen absolutamente nada", alegando que en Pontevedra solo se ejecutan dos "obras de importancia": la "interminable" de Loureiro Crespo y la de la Casa Consistorial, que "todavía no ha empezado". Preguntó dónde estaban las obras para el barrio de Monte Porreiro y criticó proyectos como el de la planta de tratamiento de residuos de Canicouva o el campo de fútbol de Salcedo que "después de dos años descubren que no tenía tendido eléctrico". González Carballo respondió que con esta intervención "véselle a xenreira, a rabia" e invitó a los concejales populares a acudir después de realizados los proyectos a visitar los lugares y decir que el PP había votado en contra de esas obras.
A continuación, se votaba por unanimidad plenaria la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la aprobación definitiva del estudio de detalle para la ordenación y determinación de las condiciones estéticas de los edificios que se construirán en la antigua unidad de actuación número 7, en los conocidos como terrenos de Tafisa. La corporación también respaldó las propuestas de corrección lingüística de denominación de calles como Os Matos do Arango; y de delimitación territorial de Pedra do Lagarto, eliminando etiquetas genéricas como "barriada" o "colonia".
También se aprobaban con el apoyo unánime las cuentas justificativas de las subvenciones relativas a las asignaciones de dotaciones económicas para el funcionamiento de los grupos políticos del BNG y del Partido Popular.
AYUDAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS
El debate volvió a tensarse con la propuesta del PP para crear un plan de ayudas para mejorar la accesibilidad de edificios residenciales y de viviendas donde residan personas con movilidad reducida u otras discapacidades. Pepa Pardo defendía esta moción señalando que era "humana y constructiva" demandando a la corporación un "compromiso con la accesibilidad e igualdad real".
La concejala Carme da Silva, del grupo de gobierno, respondió "son vostedes redundantes e politicamente inútiles" alegando que el contenido de la moción no es competencia del Concello, explicando que esas subvenciones son competencia de la Xunta de Galicia: "ou son redundantes ou non se fían do goberno da Xunta" con financiación de fondos procedentes del Estado. En la réplica, Pepa Pardo explicó que en Vigo o en Madrid se habían aprobado estas ayudas y acusó a los concejales del gobierno local en estos términos: "ustedes no se reúnen con nadie. No tienen ningún tipo de nivel político. No están a la altura de los vecinos de Pontevedra". La moción fue rechazada con 15 votos en contra del BNG y del PSOE frente a los 10 del PP y del concejal no adscrito.
También hubo lugar para el debate en el análisis de los expedientes aprobados con reparos o con omisión de fiscalización. Rafa Domínguez, portavoz del PP, expuso que "si el señor Lores lee estas mil y pico páginas quedaría abrumado de lo que dice Intervención y lo que hacen sus concejales. Debería leer lo que firma", apuntó haciendo referencia a las anomalías detectadas en 56 expedientes. "No puede ser que se pasen contratos a dedo", manifestó alegando que se llegó a pagar una factura con informe del servicio jurídico en contra. "Es hace las cosas por las bravas como en el siglo pasado. Tienen que empezar a hacer las cosas bien", afirmó Domínguez basándose en los reparos emitidos por Intervención y aseverando que "ustedes son incompetentes para llevar los contratos a cabo".
César Mosquera, concejal de Ordenación do Territorio, respondía preguntando por qué el PP no había intervenido cuando se habían aprobado las asignaciones de dotaciones económicas a los grupos municipales. "Como era para beneficio do PP, aí non interviron e votaron a favor", señaló. Aseguró también que este mecanismo de pago se utiliza poco en el Concello de Pontevedra y recordó que la covid-19 provocó trastornos en la administración que obligan a utilizar estas fórmulas exponiendo que "non hai corruptela que supoña menoscabo dos intereses públicos", añadiendo que "nin un euro se perdeu", aludiendo a lo sucedido con las comisiones por las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid.
El pleno llegaba a su tramo final con la intervención del concejal popular Guillermo Juncal preguntando al edil de Deportes Tino Fernández si iba a seguir ausentándose de los últimos eventos deportivos con éxitos para la ciudad como fue el caso del Waterpolo Pontevedra, el Pontevedra Club de Fútbol o del Balonmano Cisne? La respuesta del concejal socialista fue lacónica: "Non".