La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha salido al paso del reciente anuncio del presidente del Gobierno sobre la retirada de más de 53.000 viviendas del mercado turístico, asegurando que la afirmación "no puede estar más lejos de la realidad".
El debate sobre el futuro de las viviendas turísticas está servido. Por un lado, el Ejecutivo defiende su actuación como parte de una estrategia para equilibrar el mercado y frenar la escalada de precios del alquiler. Por otro, desde Aviturga ven un ataque directo a propietarios que, aseguran, no están dispuestos a asumir una función social que corresponde al Estado.
Desde Aviturga, insisten en que esas viviendas no son ilegales, aunque no estén inscritas en el registro estatal obligatorio. Sostienen que deberá ser cada comunidad autónoma la que determine si una vivienda puede o no operar como turística, y no el Gobierno central quien lo decida de forma unilateral, explican. El único efecto inmediato, aseguran, es que estas propiedades no podrán anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking hasta regularizar su situación.
Además, Aviturga duda seriamente de que todas esas viviendas vayan a volver al mercado residencial, como sugiere el Ejecutivo. "Argumentar que dichas propiedades pasarán a ocuparse por jóvenes y familias sólo se cumplirá, una vez se derogue la actual Ley de Vivienda y se restablezca la seguridad jurídica que de garantías a los arrendadores", señalan. Y advierten de que los efectos inmediatos serán "que esas propiedades pasen a alquilarse por corta estancia o directamente pasen a incrementar el parque de viviendas cerradas a cal y canto por los propietarios".
Para la asociación, todo esto responde a una estrategia que, según denuncian, busca desprestigiar y perseguir el modelo de negocio de las viviendas turísticas. Van más allá y acusan directamente al Gobierno de "desviar la mirada de una nefasta gestión de vivienda" y de "obedecer a los requerimientos de los hoteleros y fondos de inversión, que han descubierto en edificios completos de viviendas turísticas un nuevo filón".
"Lo que el presidente pretende es que las familias españolas que han adquirido con el esfuerzo de su trabajo una segunda vivienda suplan ahora, una función social responsabilidad del gobierno, a costa de sus bolsillos", critican desde Aviturga.
Temen además que el resultado final sea el aumento de ventas a compradores extranjeros, sobre todo en zonas costeras y turísticas. Esto no solo dejaría sin oferta a quienes realmente usan estos alojamientos, sino que afectaría a toda la economía local que vive del turismo.
EL GOBIERNO DEFIENDE LA MEDIDA
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha defendido la actuación del Ministerio de Vivienda como una medida "valiente y pionera en Europa". Asegura que responde al objetivo de poner orden en un mercado descontrolado y contribuir a solucionar el problema del acceso a la vivienda.
En su intervención, Losada destacó que ya se han dado de baja 1.249 viviendas turísticas en la provincia de Pontevedra. En Vigo hay 227, en Sanxenxo 196, en Pontevedra ciudad 111… y así hasta 50 de los 61 municipios de la provincia, según detalló.
Estas cifras no son anecdóticas, aseguró, son un primer paso para devolver al mercado residencial viviendas que estaban atrapadas en un modelo que había escapado a toda regulación.
El subdelegado también lanzó un dardo a la Xunta de Galicia, a la que acusó de haber hecho "la vista gorda" durante años o mantener una actitud "obstruccionista".
Para Abel Losada, el Gobierno central está cumpliendo con su parte: regular, proteger y facilitar el acceso a una vivienda digna. Y ahora le toca a las comunidades autónomas hacer lo mismo.