Nuevo episodio en el conflicto existente desde hace meses entre el Gobierno local y la Policía Local de Poio. Todos los agentes del equipo VioGén del cuerpo policial renuncian.
En abril, tras la Junta Local de Seguridad de Poio, se tomó la decisión de que la Guardia Civil asumiese provisionalmente, durante cuatro meses, el seguimiento de las cuatro víctimas de riesgo bajo y no apreciado existentes en el municipio.
Ahora, los agentes han presentado su renuncia "voluntaria e irrevocable" a las funciones de seguimiento, protección y vigilancia de víctimas de violencia de género.
El delegado del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF) anunció esta renuncia masiva y explicó que se debe a unas declaraciones del alcalde, Ángel Moldes, en las que justificó la retirada de la Policía Local del sistema Viogen por una supuesta "falta de diligencia" en el desempeño de estas funciones.
Los agentes consideran que estas afirmaciones suponen "un ataque directo a su dignidad, honorabilidad y profesionalidad, y que no reflejan la realidad de su labor".
Según el delegado del CSIF, las palabras del alcalde "contradicen lo expresado en la última Junta Local de Seguridad", donde argumentó que la retirada del servicio Viogen respondía a la falta de efectivos policiales.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, envió una carta al alcalde, Ángel Moldes, justo después de la última mesa local de violencia de género, en la que indicaban que no había asistido la Policía Local y que se estaban produciendo "incumplimientos del convenio y protocolo VioGén en Poio".
En esa carta, se hablaba de "irregularidades graves en la cumplimentación de las fichas de las mujeres en riesgo bajo o no apreciado y también en su seguimiento" y, como subdelegado, expresaba su "preocupación" y rogaba su "corrección inmediata".
"No podemos permitirnos fallos o desatenciones en los deberes que todas las partes tenemos en la protección de las mujeres víctimas", señalaba la carta, a la que ha tenido acceso PontevedraViva.
Fuentes del Cincello explican que en esa mesa, tal y como recoge el acta, miembros de la Guardia Civil advirtieron que faltaba documentación en las víctimas asignadas a la Policía Local.
Este sábado, el Gobierno local quiso aclarar que "no es algo que salga del Gobierno", sino que haya "quejas externas que el gobierno escucha, analiza y, finalmente, toma decisiones para garantizar la máxima protección a las víctimas en todo momento".
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