El proceso judicial abierto contra la secretaria de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Charo Lorenzo, por los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios ha superado un nuevo obstáculo. Es uno de los tres casos judiciales abiertos alrededor de la entidad y se encontraba bloqueado desde hace más de un año ante la imposibilidad de tomar declaración al empresario Juan José María Lago, representante de la Cámara de Comercio de Pontevedra en Brasil y también investigado por la Fiscalía por los mismos hechos de presuntos cobros irregulares.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra ha dado un paso para desbloquearlo al solicitar al juzgado que se abra una pieza separada para investigar a ambos. La causa que se sigue contra Charo Lorenzo podrá seguir su tramitación judicial normal sin impedimientos y la de Juan José María Lago lo hará a su propio ritmo, de tal forma que no dificulte el avance del proceso ni ninguna diligencia de investigación.
El fiscal delegado de Delitos Económicos, Augusto Santaló, ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra la petición de que se gestionen ambas piezas separadas. La petición llega mientras sigue intentándose localizar a Juan José María Lago.
El fiscal pide al juzgado instructor que abra una pieza separada para investigar a Juan José María Lago
A finales del año 2013, y después de fallar en varios inentos de intentar tomar declaración a Juan José María Lago, el fiscal envió una comisión rogatoria con docena de preguntas a un juzgado de la ciudad brasileña de Florianápolis, donde tiene fijada su residencia, para que se le formulasen. A pesar de que él mismo se puso en contacto con el juzgado y se dio por localizado, más de un año después, no se han recibido las respuestas y el fiscal del caso ha decidido que no puede esperar más, pues el proceso judicial se está dilatando demasiado.
La petición de que se abra una pieza separada para abordar lo relativo a Juan José María Lago no implica ningún cambio en la naturaleza del proceso, en el que ambos están imputados desde el año 2012 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía. El representante del ministerio público les investigó tras recibir una denuncia anónimo de varios empleados de la Cámara de Comercio de Pontevedra en el año 2011 denunciando cobros indebidos.
Juan José María Lago, propietario de la empresa Contrato em Comunicaçoes Empresariales Ldta, figuró durante varios años como representante de la Cámara de Pontevedra en Brasil, trabajo por el que cobraba 3.800 euros mensuales abonados con fondos públicos procedentes de un programa de internacionalización subvencionado por la Xunta de Galicia y para cuya adjudicación no se realizó ningún procedimiento administrativo, ni publicidad.
Para cobrar esa cantidad de la Cámara de Comercio, el empresario tenía una cuenta bancaria domiciliada en Pontevedra de la que Charo Lorenzo, según la querella del fiscal, era apoderada e incluso hay constancia de que retiró periódicamente distintas cantidades, hasta rondar los 16.000 euros en tres años. A la vista de esos movimientos bancarios, Augusto Santaló plantea que se dan irregularidades y que se puede tratar de una contraprestación que pagaba Lago a la secretaria cmeral a cambio de resultar adjudicatario de los contratos de asesoramiento de la entidad en Brasil.
En su declaración como imputada en el juzgado, Charo Lorenzo no aclaró esos movimientos bancarios y Juan José María Lago no llegó a declarar -incluso faltó a una ya fijada ante la jueza en 2013-, de modo que no ha podido aclararse el origen y destino de esos fondos.