Habrá cambios en el proyecto de interés autonómico (PIA) que la Xunta quiere desarrollar en el ámbito de San Mauro, donde se impulsará la construcción de más de dos mil viviendas, que en su inmensa mayoría serán de protección oficial.
El gobierno gallego ha aceptado la petición que había realizado el Concello para excluir de este complejo residencial los terrenos municipales de Conde Bugallal, dedicados actualmente a las huertas urbanas.
Pero la renuncia a esa parcela calificada como zona verde no supondrá reducir la superficie a desarrollar, sino todo lo contrario.
La Xunta ha optado por renunciar a que el área del PIA llegue hasta O Marco, dejando fuera del proyecto la zona conocida en el planeamiento como B 2.2. y, a cambio, ampliará la promoción inmobiliaria hacia la Avenida das Chans, anteriormente conocida como Ronda Leste.
El edil de Urbanismo, Alberto Oubiña, ha indicado que este cambio en el PIA podría incluso incrementar la superficie inicial del plan, llegando hasta las 20,4 hectáreas, lo que también permitiría ampliar su edificabilidad hasta unas 2.100 viviendas.
Oubiña ha explicado que el gobierno municipal también ha pedido a la Xunta, a lo largo de las reuniones que mantuvieron en las últimas semanas, que se definan en el plan los viales interiores que deberá tener la futura urbanización, especialmente para la movilidad entre la Avenida das Chans y Pintor Laxeiro.
"Hai interese por ambas partes porque é necesario construír vivenda protexida en Pontevedra", ha subrayado el concejal responsable del área municipal de urbanismo, que ha aclarado que esta promoción inmobiliaria no afectará al futuro edificio de emergencias de la ciudad.
La intención de la Xunta es que las obras de todo este complejo puedan comenzar en 2028.
Al mismo tiempo, el concejal ha informado de que la Sareb -el conocido como banco malo- está promoviendo la recuperación de una licencia de construcción de dos edificios en la calle Conde Bugallal. Se trata de los inmuebles de la calle Agro da Estrela de los que están edificados tres bloques.
Debido a la quiebra de la constructora, quedaron pendientes de ejecutar dos más, lo que supondría alrededor de 50 viviendas.
El Concello ya ha requerido el pago de la fianza para recuperar la licencia de 2006, pero aun no se conoce cuáles son las pretensiones de la sociedad, ya que existen tres escenarios posibles: que no construya, que construya con la licencia de 2006 o que solicite su modificación.
En el caso de iniciar la construcción, el gobierno municipal reclamará que estos nuevos bloques se incorporen a la promoción de vivienda pública por parte del Estado en Pontevedra.