Tras el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación sobre el contrato de alquiler de los terrenos de la planta de compostaje de A Canicouva, el PP ha anunciado que otro organismo, en este caso el Tribunal de Cuentas, está examinando este proceso administrativo.
Así lo ha desvelado la edil Pepa Pardo. Según ha asegurado, ha sido la propia Fiscalía quien ha derivado este asunto a dicho tribunal porque, a pesar de no haber ilícito penal en la actuación del Concello, sí advierte "irregularidades" en el pago del alquiler de estos terrenos.
"Hemos mantenido la prudencia ya que este asunto no ha concluido", ha defendido Pardo, que asegura que el PP "no va a pedir perdón por hacer lo que tenemos que hacer", que es fiscalizar las actuaciones del gobierno municipal.
Los populares, según esta concejala, "llegará a donde haya que llegar para defender los intereses de nuestros vecinos y que no se despilfarre el erario público", algo que a su juicio se está haciendo con un contrato "extinguido" por el que se pagan 20.000 euros anuales.
El informe de la Fiscalía, del que Pepa Pardo ha leído varios extractos en rueda de prensa, califica de "insostenible" que el Concello mantenga que el contrato siga vigente, ya que debería estar extinguido desde 2019 al no construirse la planta en el plazo previsto.
El PP denuncia que, a pesar de ello, la cantidad pactada se pagó en 2021 y se han girado facturas en 2022 y 2023, si bien en estas dos últimas ocasiones, el dinero no ha sido abonado.
El dictamen del fiscal "destapa las vergüenzas" del gobierno municipal, ha subrayado Pardo, que ha reprochado la "dejadez y pasividad" del Concello por seguir pagando a la comunidad de montes por estos terrenos cuando el contrato ya estaría vencido.
OTROS CONTRATOS DENUNCIADOS
Sobre los otros tres contratos municipales que, según anunció el PP, iban a ser denunciados ante la Fiscalía, Pepa Pardo ha confirmado que hay "diligencias de investigación abiertas" sobre dos de ellos, uno relativo a las obras del campo de fútbol de Gatomorto, en Xeve.
Otro de los contratos sobre los que el PP sospechaba de posibles irregularidades, el del campo de fútbol de Campañó, por ahora no está entre los procedimientos que revisa la Fiscalía.