La crisis económica generada por la subida del precio de la energía y del combustible ha motivado la comparecencia de los responsables nacional, autonómico y provincial del CSIF, el sindicato más representativo de las administraciones públicas, para reclamar una reunión urgente en la que se aborde las consecuencias que tendrá esta situación para el funcionariado.
En el encuentro, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, exigirán garantías para que la ciudadanía y los empleados no salgan perjudicados ante eventuales recortes. En primer lugar, pedirán al Gobierno el blindaje de los servicios públicos a la sociedad con el objetivo de que no se produzcan recortes en las plantillas sanitarias, de educación o de servicios sociales como ya ocurrió en la última crisis y se notó durante la pandemia.
La segunda demanda pasa porque el funcionariado quede excluido de un posible pacto de rentas. Sostiene el presidente de CSIF, Miguel Borra, que los trabajadores públicos llevan doce años colaborando en ese pacto con la rebaja salarial que sufrieron en el 2010, que todavía no han recuperado y que han provocado una notoria pérdida de poder adquisitivo.
Rematan sus peticiones con una advertencia al Gobierno. "Si atacan la calidad o las condiciones laborales de los trabajadores públicos CSIF no hará como otros sindicatos y se movilizará", afirmó el presidente Borra.
En el plano gallego, el presidente autonómico del CSIF, José Francisco Méndez, explicó que la temporalidad de los empleados públicos de Galicia es uno de los principales problemas y señala que en el Sergas el 42 % de los contratos son temporales, mientras que en otros servicios como el de la prevención de incendios forestales asciende hasta el 55 %.
Asegura además que los problemas de personal del Servicio Galego de Saúde se deben a que las condiciones laborales y salariales no son las adecuadas desde el estallido de la crisis del 2008.
La comparecencia, en la que también participó el presidente provincial, Jerónimo Fernández, sirvió para hacer público un convenio a tres bandas entre la Fundación Padre Ángel, el sindicato policial Jupol y el propio CSIF para el envío de un convoy humanitario a Ucrania con ropa y alimentos y que servirá también para traer en el viaje de vuelta a España a mujeres y niños refugiados.