La comisión de Economía y Hacienda del Concello de Pontevedra abordó este martes dos mociones del Partido Popular.
En la primera, el grupo municipal del PP solicita la exención de todos los impuestos y tasas municipales desde la declaración del estado de alarma y mientras dure la crisis actual. La moción fue dictaminada en contra con los votos en contra del BNG y del PSOE.
La vicepresidenta de la comisión y portavoz del gobierno, Anabel Gulías explicó que "seguimos tendendo a man ao Partido Popular pero a proposta de acordo é imposible porque fala de todos os ingresos municipais, que nalgúns casos están suxeitos a normativa estatal e non ten unha duración determinada".
Para Anabel Gulías, la exención fiscal que reclaman los populares "parece máis demagoxia política".
Anabel Gulías recordó que el gobierno local está pendiente de seguir las recomendaciones en materia económica de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y de la gallega, la Fegamp, que ya anunciaron que los concellos tenían que tener cuidado a la hora de implementar medidas económicas porque se puede poner en riesgo las viabilidades económicas de los ayuntamientos, "ao igual que o consello de expertos da Xunta que recomendou o que Pontevedra fixo, o aprazamento de taxas".
Explicó que en materia fiscal, el Concello de Pontevedra tiene todo sobre la mesa, y continúa con el aplazamiento de las tasas.
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
La segunda de las mociones del Partido Popular era la creación de una comisión para la reconstrucción. Anabel Gulías considera que la comisión de Economía y Hacienda puede hacer esta función sin tener que estar duplicando las funciones.
En la comisión también se presentó una moción conjunta del BNG y del PSOE que solicita la elaboración del plan gallego de reactivación económica y disponibilidad de uso de los recursos municipales.
Concretamente, nacionalistas y socialistas quieren llevar a pleno que el Concello inste a la Xunta la elaboración de un plan gallego de ayudas, y solicitar la derogación de la Ley Montoro para que los ayuntamientos puedan disponer de la totalidad del superávit y también de los remanentes municipales.