El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha vuelto a citar a declarar al presidente provincial del PP y ex presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, por el caso abierto en relación con la compra y posterior alquiler con sobrecoste de tres bajos comerciales en la zona de Navia, en Vigo. El juez ya le había llamado en marzo de 2015, momento en el que el político 'popular' había optado por acogerse a su derecho a no declarar.
En esta ocasión, la citación es para el próximo lunes 22 de marzo, a las 16.00 horas, y está llamado a comparecer en calidad de investigado, la antigua figura del imputado. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juez, José Manuel Hermo, ha acordado su citación después de que él mismo solicitase ser llamado a declarar.
El procedimiento, que se sigue por la ley del jurado, mantiene investigados a Louzán; su esposa, María Teresa Cores Fernández; y el ex diputado provincial del PP y concejal en Pazos de Borbén Severino Reguera. Este último compareció ante el juez de Cambados esta semana también a petición propia y explicó que el acuerdo comercial que mantiene con Louzán, por el que le paga el alquiler de los citados bajos, pertenece a su ámbito privado y no político.
El caso se deriva de una denuncia anónima presentada en el año 2013 tras haberse hecho pública la declaración de bienes patrimoniales de los diputados provinciales, y que relaciona a Rafael Louzán y a su mujer con el cobro de un precio de alquiler de bajos comerciales muy por encima de lo estipulado para otros inmuebles similares en esa zona de Navia en la ciudad viguesa. Severino Reguera tiene arrendados esos locales.
La querella contra Louzán y su mujer que ahora está investigando el juzgado se presentó por el delito de cohecho continuado del artículo 422 del Código Penal, que recoge la actuación de la "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función". El delito puede derivar en una pena de prisión de seis meses a un año y a suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
En el caso del diputado Severino Reguera, la imputacion es por el delito de cohecho impropio continuado del artículo 424 Código Penal, un delito en el que se persigue al "particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función". Será castigado con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.