El ex presidente de la Deputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, podrá llegar a ser condenado a una pena de un año de prisión por el proceso judicial abierto a raíz de los supuestos sobrecostes en los alquileres de tres bajos e la zona de Navia, en Vigo. La Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Provincial ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados, que instruye el caso, su escrito de acusación, en el que sostiene que Louzán es responsable de un delito continuado de cohecho pasivo por su actividad al frente del organismo provincial.
El fiscal señala en su escrito de acusación que Louzán debe ser condenado también a la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses. De todas formas, en la actualidad, el procesado ya ha dejado todas sus responsabilidades políticas y no ostenta cargos públicos. Además, pide el comiso de los tres locales comerciales de los que es copropietario junto a su esposa en Vigo.
El escrito se dirige también contra la esposa de Louzán, Teresa Cores Fernández, a quien considera cooperadora necesaria para que su marido cometiese el soborno pasivo, y pide que sea condenada a nueve meses de prisión y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público. El tercer procesado en el caso es el ex diputado del PP en la diputación provincial por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, al que pide que sea condenado a un año de prisión como autor de un delito continuado de cohecho impropio que supuestamente cometió siendo diputado.
Los hechos de los que le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y Teresa Cores reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.
Tras la compra, Teresa Cores firmó un contrato privado con la empresa Brunopán, de la que es administrador Severino Reguera y que tiene la sede en Ribadumia, para alquilarle sus tres locales. El contrato se firmó en 2008 por una duración de diez años prorrogable y por un precio de 3.584 euros y, según los datos de la investigación de la Fiscalía, excepto en el año 2008, en lo demás años el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.
Una vez alquilados los locales, Severino Reguera los unió con los suyos, pasando a ser un local único. El fiscal concluye que "el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos".
Según el escrito de acusación, la empresa Brunopán tuvo pérdidas significativas en los años 2011 y 2012 y, pese a todo, mantuvo el precio del alquiler, contrastando con la rebaja de alquileres que se produjeron fruto de la crisis. Al respecto, un informe de la Guardia Civil concluyó que en esa zona los precios medios del alquiler se sitúan entre 6 y 12 euros el metro cuadrado, pero los bajos de Louzán y Cores se alquilaron por precios que fueron incrementándonse de 15,7 a 16,4 euros el metro cuadrado. En total, entre 2008 y 2013 Brunopán les pagó 89.026,74 euros más del precio en esa zona de Vigo, lo que el fiscal cree que es "un premio injustificado" al matrimonio.
A la vista de todos estos hechos, el fiscal, Augusto Santaló, concluye que Louzán y su esposa compraron los bajos sabiendo desde el principio que el precio de compra y la hipotéca iban a ser pagados por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en la Deputación y en el PP y cuya proyección económica depende de Louzán. En su opinión, se trata de un "trato de favor" de Severino Reguera a quien entonces era presidente de la Deputación y de su partido fruto de una operación de compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa".
NUEVA INVESTIGACIÓN
Además, el fiscal aporta en su escrito información sobre una nueva investigación judicial que implica a Louzán. Según sostiene, sus relaciones con Reguera alcanzan a más actividades y conexiones que las relacionadas con Brunopán y los locales de Navia, entre ellas, la adjudicación a una empresa de la prima de Reguera de tres obras de la Deputación Provincial, una de las cuales está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra.