En las siete grandes ciudades gallegas, el colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG protagonizó este lunes diversas concentraciones ante las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En Pontevedra, se concentraron frente a la oficina de Gagos de Mendoza reclamando la aplicación inmediata del incremento en las pensiones previsto para 2026, pero, sobre todo, para exigir una reforma legislativa que garantice la revalorización automática de las prestaciones conforme al IPC real.
Desde la central sindical denuncian que las personas jubiladas se han convertido en víctimas de un juego de "trileiros" entre las principales fuerzas políticas en el Congreso.
Según el colectivo, la reciente votación en Madrid, que tumbó una subida que ya consideraban insuficiente, demuestra la vulnerabilidad del sistema actual.
Los manifestantes insistieron en que la revalorización no debe depender de mayorías parlamentarias o negociaciones partidistas, sino de un mandato legal que impida el empobrecimiento progresivo de la población.
En este contexto, la CIG también puso sobre la mesa la necesidad de derogar las reformas de 2011 y establecer una pensión mínima que se equipare al 60% del salario medio estatal, siguiendo los criterios de la Carta Social Europea.
"Non imos tolerar que se mercadee co noso sustento", señalan desde la central nacionalista.
TENSIÓN EN EL SECTOR DEL METAL
Tras una asamblea del sector del metal celebrada este lunes, el personal decidió por unanimidad iniciar un calendario de protestas ante lo que califican como propuestas regresivas de la patronal.
La primera gran cita será el martes 17 de febrero con una concentración en Pontevedra, paso previo a una posible convocatoria de huelga y manifestaciones en Vigo.
La tensión aumentó esta mañana tras la suspensión unilateral por parte de la patronal de la mesa de negociación prevista en el hotel Coia de Vigo.
Los tres sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CIG, calificaron este movimiento de desprecio y de estrategia dilatoria.
Las principales discrepancias en la negociación radican en el intento empresarial de eliminar beneficios históricos, como los complementos por incapacidad temporal desde el primer día, o acuerdos retributivos internos.
Ante este bloqueo, las centrales sindicales lanzaron un ultimátum a la parte empresarial para retomar las conversaciones el próximo martes 10 de febrero, con la esperanza de desbloquear un convenio que lleva todo el año 2025 paralizado.