Representantes del sindicato CIG se concentraban este miércoles en las principales ciudades de Galicia. En el caso de Pontevedra, Marcos Conde, secretario comarcal de la central, lideraba al grupo de delegados que se concentraban ante la Subdelegación del Gobierno, mientras que en Vilagarcía de Arousa la acción de protesta se desarrollaba delante de las oficinas de la Seguridad Social (INSS).
Reclaman medidas políticas que se centren en la clase trabajadora y en las mayorías sociales para afrontar la actual crisis económica, sanitaria y social derivada de la expansión de la Covid-19. Las protestas se desarrollaron durante el debate en el Pleno del Congreso del Real Decreto-Ley 18/2020, que la CIG critica al entender que es una nueva reforma laboral que permite el abuso patronal y no garantiza los ingresos de las familias ni la recuperación del empleo.
Señalan que, en lugar de derogar la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP, el actual ejecutivo de coalición, que lidera Pedro Sánchez, presenta una versión más agresiva y dura con la excusa de salvar a las empresas para garantizar el empleo.
Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, afirma que este tipo de medidas son el caldo de cultivo para que la ultraderecha y el fascismo puedan crecer. En este sentido, señala que a la ultraderecha no se le combate con recetas neoliberales sino con políticas sociales.
Califican de "pura propaganda" las medidas del Gobierno para garantizar el empleo y así alegan que la "supuesta prohibición de despidos" durante seis meses en las empresas que realizaran expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) quedó reducida a la mínima expresión, ya que solo se aplicará a los ERTE ejecutados por fuerza mayor, no a los de causas objetivas.
Además denuncian que se permite la extinción de contratos temporales quedando exentas de garantizar el empleo aquellas empresas en riesgo de concurso; y en caso de despido incumpliendo la normativa, ese despido será considerada improcedente y no nulo.
Indican que, además, el decreto se aprueba cuando hay cientos de trabajadores que todavía no han comenzado a cobrar el paro y cuando continúa vigente la reforma laboral de 2012, que redujo las cuantías a percibir. Desde la CIG aseguran que el Gobierno español tiene nula voluntad de derogar íntegramente la reforma del PP y señalan que el ejecutivo de Sánchez no ha dado ningún paso en este camino.