Como respuesta ante las últimas noticias sobre la Ciudad Infantil Príncipe Felipe y a las versiones "distorsionadas" que se han dado desde el Partido Popular y el sindicato Comisiones Obreras e incluso el PSOE local de Pontevedra, el vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, César Mosquera, compareció en rueda de prensa para asegurar que "non hai ningunha discusión sobre o seu futuro nin sobre a súa viabilidade".
Este mismo martes, el Partido Popular denunció que el gobierno provincial no va a renovar el convenio con la Xunta por el que se derivan a menores a este centro lo que, a su juicio, supone "o principio do fin" de Príncipe Felipe.
Además consideran que esta decisión "non é casualidade" y que ya estaba "premeditada", y por eso la presidenta de la Deputación, Carmela Silva planteó la transferencia del centro en la reunión con el presidente de la Xunta hace cuatro meses haciendo "un paripé" y "sin aportar datos".
La portavoz popular, Nidia Arévalo, afirmó que cuando el Partido Socialista y el BNG toman estas decisiones "non están a pensar nos 75 menores que están en situación de risco ou de desprotección e que con esta decisión quedan sen fogar, e tampouco nas preto de 100 persoas que perderían o seu traballo".
Finalmente el PP provincial pidió al gobierno de Carmela Silva que ofrezca "explicacións ás familias, aos traballadores e ao resto da provincia", porque están "liquidando" un pilar fundamental de la Deputación.
El problema es que la Xunta "mete a mozos con problemáticas específicas: perigosos, conflitivos, proto delincuentes"
EXPLICACIONES DE LA DEPUTACIÓN
Acompañado de la diputada delegada, Eva Villaverde y el director de este centro, José Ramón Couto Fariña, el vicepresidente provincial lamentó esta comparecencia recordando que "estamos hablando de temas muy sensibles que se deben resolver por vías muy discretas".
El Príncipe Felipe es un centro abierto de acogida de menores con dificultades familiares o en risco de exclusión, "como non hai ningún en todo o Estado". Está situado en Pontevedra y ocupa una superficie de 118.000 metros cuadrados y allí trabajan 229 personas y tiene a 210 menores en acogida, de los que una tercera parte fueron enviados por la Xunta. "A Deputación sempre se sentiu orgullosa deste centro", e dos seus traballadores "aos que habería que facer un monumento".
El "problema" está en que la Xunta, dentro de los niños que tiene en el centro, "mete a mozos con problemáticas específicas: perigosos, conflitivos, proto delincuentes" y lo que sucede, según indicó César Mosquera, es que "agriden ao persoal que hai alí, escapan do centro cando lles parece ben, hai roubos en Pontevedra por parte destes mozos e, o que é máis grave, teñen aterrorizados aos outros 200 nenos que hai alí".
En reiteradas ocasiones, con este y con el anterior gobierno, la Deputación ha trasladado a la Xunta que "a situación é radicalmente insostible" obteniendo "a calada por resposta" y "seguen mandando e cada vez máis rapaces deste tipo".
En el centro penitenciario de A Lama "hai menos incidencias que no Príncipe Felipe"
Se ha puesto en conocimiento de la Xunta y de la Fiscalía de Menores que estos jóvenes conflictivos han provocado incendios en las instalaciones, amenazan con navajas a otros niños, dieron palizas a vecinos, causaron destrozos en el centro, que los trabajadores que no aguantan la presión y piden el traslado, que la última agresión la sufrió un educador la pasada semana al que le rompieron un pómulo, "pero antes déronlle un puñetazo a unha embarazada que non perdeu o fillo de milagre", así en una larga lista de incidentes.
"Nós queremos acoller a todos os menores que ten a Xunta e máis, non temos ningún problema, pero por favor non nos esnaquice o centro porque iso que se fala agora de bulling é un chiste en comparación co que sucede alí", dijo Mosquera. El vicepresidente provincial llegó a afirmar que en el centro penitenciario de A Lama "hai menos incidencias que no Príncipe Felipe", con la diferencia de que "aquí non hai ningún recurso para controlar a eses rapaces nin pode habelo porque non é a súa vocación", dijo.
Mosquera desveló que han ofrecido a la Xunta uno de los edificios de la Ciudad Infantil para que habilite en él un centro especial para estos chicos.
En resumen, las exigencias de la Deputación son dos: que los informes de los trabajadores de Príncipe Felipe sean vinculantes, y cuando establezcan que no se debe aceptar un menor, este no puede ser remitido desde la Xunta; o bien que la Xunta cree una unidad específica propia para el tratamiento de estas conductas en el recinto.
El nacionalista fue tajante al indicar que el ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa diferentes posibilidades y subrayó que, si no se llega a una, se romperá el convenio firmado con la Consellería de Política Social "por responsabilidade" tanto con los menores como con los trabajadores.