La Fiscalía de Pontevedra presentará finalmente una querella ante el juzgado a raíz de la investigación abierta al presidente de la Deputación Provincial y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán; su esposa; y el diputado provincial Severino Reguera por los supuestos sobreprecios en los alquileres de unos locales comerciales en Navia (Vigo).
La Junta de Fiscales de Pontevedra acordó el viernes 28 de marzo continuar con la investigación y este lunes el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, confirmó la remisión de un decreto al juzgado para que investigue el caso. Incidió en que, por cuestión de plazos, la Fiscalía ya no puede seguir investigando sin remitir a un juez las diligencias informativas abiertas.
Fuentes oficiales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explicaron que los fiscales pontevedreses se debatían entre remitir al juzgado una denuncia o una querella y a última hora de la mañana de este lunes un portavoz confirmó que lo que presentará finalmente será una querella.
Este lunes las diligencias aún no habían sido remitidas al juzgado, pero se hará en los próximos días
La decisión la adoptaron todos los integrantes de la Junta de Fiscales de Pontevedra, pero quien la concretará será el especialista de Delitos Económicos, Augusto Santaló. Confirmó que este lunes no podría presentarla, pero sí se hará a lo largo de los próximos días. Se remitirá la querella y todas las diligencias practicadas hasta el momento por la Fiscalía a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano en el año 2013.
Al respecto, fuentes de la Deputación Provincial consultadas han señalado que Louzán aún "non ten notificación oficial" de la decisión de los fiscales pontevedreses e insistieron en que, por la información que tienen, el caso tiene que ser remitido al juzgado y no puede seguir siendo investigado por la Fiscalía por una cuestión de plazos.
Santaló indicó que la querella irá dirigida contra las tres personas que se ha investigado y que se formulará por un delito de cohecho impropio. Tanto él como Aladro han señalado que en la documentación que se remita al juzgado se incluirá la petición de que el juez sobre el que recaiga el caso ordene nuevas diligencias de investigación.
Una de esas diligencias será, según indicó Augusto Santaló, llamar a declarar en calidad de imputados a Louzán, su esposa (cotitular de los bajos comerciales investigados) y Severino Reguera, diputado de Pazos de Borbén. Los tres fueron citados ya en calidad de investigados ante el fiscal de Delitos Económicos en el edificio judicial de A Parda a principios de marzo y ninguno quiso declarar.
Tras este trámite de la Fiscalía, la querella será remitida al Decanato de los juzgados (no ha trascendido si compete a los de Vigo o a los de Pontevedra) y de ahí recaerá en un órgano en concreto. Será el juez al que toque por reparto el que decida si admite esta querella planteada u ordena el archivo de la causa.
El caso se deriva de una denuncia anónima presentada tras haberse hecho pública la declaración de bienes patrimoniales de los diputados provinciales, y que relaciona a Rafael Louzán y a su mujer con el cobro de un precio de alquiler de bajos comerciales muy por encima de lo estipulado para otros inmuebles similares en esa zona de Navia en la ciudad viguesa. El diputado 'popular' Severino Reguera es quien tiene arrendados esos locales.