La Junta de Fiscales de Pontevedra continuará con la investigación abierta en relación con los sobreprecios en los alquileres de unos bajos en la ciudad de Vigo, que pertenecen al presidente de la Deputación de Pontevedra y del Partido Popular provincial, Rafael Louzán.
Está previsto que el acuerdo al que los fiscales han llegado este viernes en el edificio judicial de A Parda se presente el lunes 31 como un decreto de remisión que será trasladado al juzgado, que tendrá que decidir si admite o no esta querella planteada por el fiscal de delitos económicos.
El caso se deriva de una denuncia anónima presentada en 2013, tras haberse hecho pública la declaración de bienes patrimoniales de los diputados provinciales, y que relaciona a Rafael Louzán y a su mujer con el cobro de un precio de alquiler de bajos comerciales muy por encima de lo estipulado para otros inmuebles similares en esa zona de Navia en la ciudad viguesa. El diputado popular Severino Reguera es quien tiene arrendados esos locales y también se encuentra inmerso en la investigación.
El presidente de la Deputación, su mujer y el diputado tuvieron que declarar, semanas atrás, en el edificio judicial de A Parda.