Los beneficiarios de la renta social municipal que, a instancias de Marea, se implantará en Pontevedra podrán cobrar esta ayuda durante seis meses, prorrogables a un máximo de un año. Así figura en el anteproyecto de la ordenanza que regulará esta medida, dirigida a ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza.
El gobierno municipal prevé que la ordenanza, tras una larga tramitación administrativa, pueda ser aprobada en el pleno del próximo mes de junio. Para ello, solo faltan los informes técnicos de la asesoría jurídica y del servicio de Intervención.
Cuando la corporación haya dado su visto bueno a esta ordenanza, tendrá que ser expuesta al público, fase en la que se pueden realizar alegaciones por parte de los interesados.
El Concello entiende que, debido a estos trámites, esta renta social no tendrá aplicación práctica hasta después del verano.
Estas ayudas, además de ser personas en riesgo de exclusión social, serán incompatibles con la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), por lo que solo podrán acceder a ellas todas aquellas personas que, por cualquier razón, no reúnan los requisitos necesarios para cobrar la renta autonómica.
La cuantía de la renta social municipal todavía no se conoce, si bien Marea en su día propuso que fuera de 532 euros. En todo caso, el Concello ha reservado una partida de 425.000 euros en el presupuesto de 2018 para sufragarlas.