El Congreso aprobó de forma definitiva este jueves la ley que permitirá el traspaso de la titularidad y de las competencias a la Xunta sobre la AP-9, la Autopista del Atlántico, aunque el proceso todavía deberá concretarse mediante una negociación entre el Estado y el Gobierno gallego que fijará el alcance del acuerdo y sus condiciones económicas.
La norma salió adelante con los votos del PSOE, BNG y Sumar, después de que el Pleno rechazara las modificaciones introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado.
Los populares solo contaron con el respaldo de UPN, mientras que el resto de grupos votó en contra de sus enmiendas, lo que permitió recuperar el texto aprobado inicialmente por el Congreso.
La ley establece que el Estado y la Xunta deberán elevar una propuesta a la Comisión Mixta de Transferencias para definir cómo se ejecutará el traspaso.
Ese acuerdo, que posteriormente tendrá que aprobarse mediante real decreto, concretará qué competencias asumirá Galicia y en qué condiciones.
Entre otras cuestiones, la Xunta pasará a gestionar la autorización de nuevos tramos, enlaces y reformas de la autopista, además de las labores de inspección y supervisión de la concesión.
También asumirá las competencias sobre el régimen económico de la AP-9, incluyendo la actualización o supresión de peajes, la implantación de bonificaciones y descuentos y la potestad sancionadora sobre la empresa concesionaria en caso de incumplimientos.
Uno de los aspectos que seguirá condicionado por la negociación será el reparto de las obligaciones económicas derivadas de la concesión.
El texto aprobado mantiene que el Estado continuará asumiendo los compromisos financieros generados por decisiones adoptadas mientras la autopista permaneció bajo su competencia, aunque limita esa responsabilidad a las condiciones vigentes en el momento en que se haga efectivo el traspaso.
Precisamente este punto centró buena parte del enfrentamiento político ya que el PP defendía mantener las enmiendas aprobadas en el Senado al considerar que reforzaban las garantías financieras para Galicia y evitaban que la comunidad tuviera que asumir costes futuros vinculados a la concesión de la autopista.
Según los populares, la redacción finalmente aprobada deja abierta la posibilidad de que la Xunta tenga que hacer frente a obligaciones económicas que cifran en hasta 4.000 millones de euros.
Tras la votación, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó que no se mantuviera el consenso alcanzado en el Parlamento gallego en torno a una transferencia "plenamente financiada".
A su juicio, Galicia no debería aceptar el traspaso si este no incorpora los recursos económicos necesarios para asumir las competencias sin incrementar la carga financiera de la comunidad.
Con la aprobación de la ley concluye la tramitación parlamentaria de una reivindicación histórica de Galicia, aunque el proceso está lejos de finalizar. El alcance real de la transferencia dependerá ahora del acuerdo que negocien el Estado y la Xunta, donde se concretarán tanto las competencias que ejercerá la comunidad como el reparto definitivo de las responsabilidades económicas de la concesión.
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