El polígono residencial que la Xunta de Galicia impulsa en San Mauro es una de las 'joyas de la corona' dentro de sus promociones de vivienda pública. Ahí se construirán más de dos mil viviendas lo que, traducido en habitantes, supondrán unas cuatro mil personas.
Pero el proyecto está encontrando cierta oposición entre los propietarios de los terrenos, especialmente entre los dueños de las trece viviendas que serán expropiadas.
Hablamos de todo eso con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
¿Entiende la preocupación o la inquietud de los afectados?
Por supuesto que se entiende. La comprendemos e intentaremos minimizarla lo máximo posible. Pero hay que entender que, ahora mismo, la principal preocupación de los ciudadanos es poder acceder a una vivienda. Hay mucha demanda y poca oferta.
Los poderes públicos tenemos el deber de satisfacer esa demanda. Desde la Xunta estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No sólo incentivando la construcción de vivienda o construyéndola directamente, sino también habilitando suelo donde poder construir.
¿San Mauro sería uno de esos ámbitos?
Nosotros estudiamos, a través del registro de demandantes, aquellas zonas donde había más demanda. Coincide con las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Y el siguiente paso fue pedirle a los ayuntamientos, como el de Pontevedra, ámbitos calificados como urbanizables.
Analizamos cuáles eran más viables urbanísticamente y, en el caso de Pontevedra, fue el de San Mauro. Todos los PIA que impulsamos tienen la conformidad previa de los ayuntamientos. Utilizamos esa figura para desbloquear todos estos ámbitos y poder desarrollarlos.
Todos son urbanizables, en el caso de San Mauro desde hace cuarenta años. Eso no significa que se pudiera construir en ellos. En un suelo urbanizable no puedes hacer absolutamente nada. Lo único es desarrollar ese ámbito a través, para que nos entendamos, de un plan parcial.
Nosotros, con esa figura de planeamento, desde lo público lo que hacemos es adquirir el suelo, lo urbanizamos y lo reparcelamos. Hacemos el reparto en el registro de la propiedad para luego sacarlo a concurso para que se construya vivienda protegida.
¿Está diciendo que el origen del problema es que les hayan dejado construir sus casas ahí sabiendo que, tarde o temprano, todo este ámbito se tenía que desarrollar?
No entramos en esa cuestión. Hay edificaciones que son más antiguas, que son de los años 60 y 70 y hay otras que son más nuevas. No entramos ya en eso. Pero, evidentemente, en un suelo urbanizable no se podía construir absolutamente nada.
¿Qué pasa entonces con la gente que tiene allí sus viviendas?
Es lo que más nos preocupa. Los principales perjudicados son los que tienen allí una vivienda que es su residencia habitual. Con estos propietarios, nos reunimos varias veces. Antes incluso de la aprobación inicial del proyecto. El contacto sigue siendo directo.
Les ofrecimos todas las posibilidades que hay para estos casos. Da igual que los inmuebles estén en suelo urbano, urbanizable o rústico. El justiprecio de los mismos será acorde a su realidad. Pero, si así lo desean, también pueden aceptar el realojo.
¿Dentro del ámbito de este mismo PIA?
Sí. Ofrecemos una alternativa mayor. Que la Xunta construya esas nuevas viviendas. Ya sé que el valor sentimental es imposible de paliar. Nosotros intentamos hacer el menor daño posible. Esas viviendas, equivalentes a las que tienen, tendrían 175 metros cuadrados como máximo.
Estarían en uno de estos ámbitos que ya tenemos proyectados para toda esa zona. Pero si lo prefieren, pueden ir a un residencial colectivo. Y, por supuesto, mientras no se construyan esas viviendas, sufragamos todos los costes necesarios para el alquiler temporal.
¿Y los propietarios que no tienen viviendas pero sí tienen terrenos?
Hay 270 titulares catastrales y dentro de todo este ámbito hay trece viviendas. El resto, como marca la normativa, también tienen derecho a ser compensados con un precio expropiatorio. Su valoración será en función de la potencial explotación que haya en esa parcela.
Quiero dejar claro que esa valoración no depende ni del alcalde, ni de la conselleira, ni del presidente de la Xunta, ni del presidente del Gobierno, depende de la normativa estatal
La Xunta acaba de anunciar que los propietarios también podrán asociarse para impulsar su propia promoción dentro del ámbito del PIA, ¿no?
Lo que pueden hacer es sumarse en colaboración público-privada a lo que está haciendo la Xunta, participando desde un punto de vista pasivo de ese desarrollo. Ellos no tienen que aprobar ninguna figura de planeamiento, ni licitar la urbanización, ni urbanizar.
Participan como uno más. Tendrían que sufragar los costes de la urbanización, en función de las parcelas que tengan. Y, como obligación, tendrían que promocionar las correspondientes viviendas. Sería una especie de permuta de suelo en base de una futura edificabilidad.
Así, una vez que se urbanice y se reparcelen los terrenos, podrán transmitir esos deberes y derechos porque sabemos que esos propietarios no son promotores. Es decir, una ver esté formalizado ese convenio podrán cedérsela a un promotor.
Como sabes, en los ámbitos de los PIA hay un 80% de vivienda protegida y un 20% de vivienda libre. A esos propietarios les daremos parcelas de las viviendas libres. Así, quien lo desee y no quiera ser expropiado podrá participar en todo el desarrollo.
¿Y no cree que hubo una mala comunicación con los afectados? Muchos de ellos se enteraron por una carta en la que figuraba una tasación muy baja de sus terrenos, apenas dos euros por metro cuadrado
Nosotros contactamos con los propietarios de las viviendas antes de cualquier tramitación porque, repito, son los principales perjudicados. Ellos, por lo tanto, ya conocían esta situación. Lo que hicimos, una vez que se aprobó inicialmente el PIA, fue notificar a los titulares catastrales.
A partir de aquí, cualquier propietario de una parcela, aunque no tenga inmueble, puede contactar con la Xunta. Podemos realizar reuniones y aclarar las cuestiones que sean pertinentes. Con total trasparencia. Es lo ideal y lo lógico, que hablen con la administración impulsora. Pueden hablar con nosotros cuando quieran. Cualquier duda será resuelta.
Pero, insisto, en las cartas figuraba una tasación muy por debajo de lo que valen sus casas…
Estamos en una fase inicial. El equipo redactor del ámbito, cuando hizo la memoria económica, partió de la normativa estatal para la adquisición de suelo y fijó unos parámetros. Pero eso no quiere decir que haya comenzado el procedimiento expropiatorio ni la valoración.
Con respecto a los titulares de los inmuebles, los consultores están contactando ya con cada uno de ellos para desplazarse hasta su vivienda, valorarla y escuchar lo que nos tienen que decir. Esa valoración, por supuesto, será muy ajustada a lo que hoy en día son sus viviendas, con independencia de la situación en la que se encuentren.
La aprobación definitiva de este PIA está prevista para antes de que termine este año. ¿Será entonces cuando comience todo el proceso expropiatorio?
Correcto. Ya tenemos la tramitación ambiental realizada y estamos recabando todos los informes sectoriales. Para los del Estado, ya contactamos con ellos. Y si tenemos que desplazarnos a Madrid, lo haremos. No tenemos ningún problema en ese sentido.
Cuando aprobemos el ámbito del PIA es cuando iniciaremos el procedimento de adquisición del terreno. Antes no podemos. Pero queremos tener una estimación de esa valoración para que los propietarios estudien si quieren entrar o no en esa participación público-privada para desarrollar este ámbito en colaboración con la Xunta de Galicia.
Es decir, ¿los afectados tendrán que decidir si escogen una permuta, cobrar la indemnización o asociarse para desarrollar su propia parcela después de ese proceso expropiatorio?
No, queremos hacerlo ya. Daremos un plazo amplio, de tres o cuatro meses. Y quien quiera adherirse y luego cambie de idea, podrá hacerlo sin ningún problema. Va a ser antes del inicio de las expropiaciones para saber quién quiere participar con nosotros en el desarrollo.
¿Con las últimas declaraciones que se han hecho desde el Concello en defensa de los afectados, considera que están siendo desleales?
No, nosotros también estamos protegiendo a los afectados. Es más, la Xunta es la que más está protegiendo a los afectados. La última vez que estuvimos juntos el alcalde y yo, él manifestó públicamente que estaba de acuerdo. Es un suelo que es urbanizable y que hay que desarrollar.
Ya tenía que haberse hecho el saneamiento, el abastecimiento, los viales o la iluminación. La Xunta de Galicia lo hace porque no lo hacen otros. Y con otros me refiero a todos, tanto a la administración pública como a los propietarios y los promotores del ámbito.
No podemos permitir que quede paralizado un ámbito urbanizable y que el crecimiento de la ciudad acabe bloqueado. No podemos olvidar que necesitamos viviendas. La gente está pidiendo esas viviendas y tenemos que facilitarlas.
Yo hago un llamamiento a todos los ayuntamientos, no sólo al de Pontevedra, para que actúen con esa responsabilidad. Necesitamos más viviendas públicas. Necesitamos que las ciudades crezcan. Y para eso necesitamos suelo donde poder construir.
¿Se mantienen los plazos de urbanizar los terrenos en el 2027 e iniciar la construcción de los edificios en el 2028?
Si todo va según lo previsto, este año licitaremos la redacción del proyecto de urbanización. Después, la construcción de la urbanización. Lo que queremos hacer, como en el polígono de Navia, en Vigo, es simultanear la urbanización y la edificación.
Desde luego, la Xunta en las viviendas que sean de promoción pública así lo haremos. Y los promotores que lo deseen también podrán hacerlo. Por lo tanto, el horizonte es que en el año 2028 estemos impulsando al mismo tiempo la edificación y la urbanización de los terrenos.
Y, por supuesto, antes de todo eso las parcelas libres saldrán a concurso o serán adjudicadas de manera directa a aquellos propietarios actuales que quieran participar con nosotros en esa colaboración público-personal que tenemos planteada.
Otra cosa que me gustaría destacar es que el último acuerdo que aprobamos en el Consello da Xunta es incrementar el límite de ingresos para que más personas puedan acceder no sólo a las viviendas de promoción pública sino también a las protegidas.
Queremos que más pontevedreses y más trabajadores de este ayuntamiento puedan acceder a estas viviendas y que, lo antes posible, sean una realidad esos 4.000 nuevos vecinos que, como mínimo, podrán vivir en todo ese ámbito de San Mauro.
¿Con estas dos mil viviendas en San Mauro podrá atenderse toda la demanda de vivienda pública que existe actualmente en la ciudad?
En estos momentos, Pontevedra tiene unos 2.000 inscritos en el registro de demandantes. Así que probablemente, sí. No podemos olvidar que estamos construyendo más viviendas en Valdecorvos, otro edificio en la zona de Tafisa o la pequeña promoción en la Rúa das Devesas.
Por lo tanto, no sólo son esas dos mil viviendas en San Mauro, sino que tenemos trescientas más a mayores. Queremos que esto sirva también de impulso para que la promoción personal construya vivienda. Pero claro, si no hay suelo donde poder construir, no se puede hacer.
Estas 74 viviendas de Valdecorvos son las primeras que estarán rematadas en la ciudad. ¿Cuándo recibirán las llaves los adjudicatarios?
Ya muy pronto. Estamos a punto de terminar varias certificaciones. También tenemos otras promociones casi listas en Santiago. No sé cuáles se entregarán primero. Yo como pontevedresa me gustaría que fueran las de Valdecorvos.
Todo el proceso para impulsar vivienda pública entiendo que es satisfactorio, pero el momento de entregar las llaves es diferente, ¿no?
Es muy bonito. Mira, acabamos de entregar las llaves de una vivienda espectacular en el casco viejo de Vigo. Iria, una joven encantadora de 32 años, fue la adjudicataria en régimen de compra. Ver su cara de alegría es satisfactorio y gratificante.
Además de la ciudad, su consellería está promoviendo vivienda pública en otros ayuntamientos del área, entre ellos los de Marín, Bueu, Vilagarcía o Sanxenxo. ¿Hay algo más previsto?
Aquellos ayuntamientos que tienen suelo urbano y de licencia municipal directa, cedieron suelo. Hay otros que no lo tienen para poder construir. Si lo tuvieran, lo cederían.
Ojalá tuviéramos más suelo donde poder construir. Por eso insisto en que es necesario habilitar ese suelo establecido en el planeamento, como hacemos a través de los PIA que tenemos en marcha, para que se pueda construir más viviendas.
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