Decenas de vecinos afectados por el proyecto de la Xunta de Galicia para levantar hasta 2.000 nuevas viviendas entre A Parda y O Marco se concentraron este martes para protestar contra unas expropiaciones que consideran una agresión directa a sus casas, fincas y patrimonios familiares.
La actuación, impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación das Infraestruturas, afecta a más de 100 propietarios de viviendas y terrenos de distinto tamaño, en un ámbito de casi 230.000 metros cuadrados situado en los sectores B-2 y B-5 del planeamiento urbanístico, entre A Parda, San Mauro, Conde Bugallal y el cruce de O Marco.
El proyecto prevé desarrollar en esa zona hasta dos mil viviendas, la mayoría de ellas protegidas, en un nuevo polígono residencial que la administración presenta como una apuesta por ampliar el parque público de vivienda.
Sin embargo, para los afectados el plan se está tramitando con "mentiras, prisas y sin respeto". Durante la concentración, varios vecinos cargaron duramente contra la Xunta y contra la forma en que se está gestionando el proceso, acusándola de "robar y de empeorar nuestra calidad de vida de una manera impresionante".
Jaquelin Taboada relató entre lágrimas el vínculo personal y familiar que la une a la finca que ahora está amenazada, explicando que el terreno fue heredado de su padre, que a su vez lo recuperó con su primer sueldo en el extranjero tras haber tenido que venderlo la familia en un momento de necesidad. "Es doble pena", lamentó, antes de denunciar que ahora quieran "hacer esta porquería y no valoren nuestro patrimonio. Nos están insultando a nosotros y a nuestros seres queridos. Y a mí que se caguen en la memoria de mi padre, no. La tierra, las casas... Que te echen de tu casa, que tienes tu vida formada, para hacer casas para otra gente... Eso es desquiciante", denunció.
Taboada aseguró además que no han sido escuchados y que las supuestas reuniones con la administración no han existido en los términos que se están contando públicamente. "No hablaron nada, no tuvieron reunión ninguna. Solo con seis casas", afirmó, antes de criticar que, a su juicio, el reparto de beneficios del proyecto favorezca a otras zonas y deje a algunos propietarios en una posición de clara desventaja. "Somos los apestados y nos van a dar una mierda", señaló.
"Yo me voy a atrincherar ahí y no me la llevan. Que vayan a la casa del alcalde, que vive por Marcón, le 'chimpen' un edificio allí y que le den los dos o tres euros que dicen que dan", señaló, a la vez que aseguró que "me llevará una pala de las que vaya a excavar ahí, pero yo protegeré lo que me dejaron mis padres y mis abuelos".
Mercedes Paracha reconoció que ningún vecino está en contra de que la ciudad crezca, algo que han demostrado al "ceder terreno para hacer aceras y carreteras. Nunca hemos tenido este problema ni nos hemos manifestado. Queremos que la ciudad crezca pero no a costa de un engaño y de una mentira. Ellos hacen la ley y se amparan en ella" para poder hacer lo que calificó como una "expropiación forzosa y violenta".
Insistió en que es todo "un engaño", porque "hay un 20% de vivienda privada y de la diferencia que hay entre el precio inicial que ellos tienen para invertir y el dinero que no se va a ver, porque no lo van a invertir en pagar a la gente que tiene propiedades, es de millones. Eso es explotación e interés a costa de la salud de un vecino", explicó.
Afirmó que este tipo de situaciones "crea precedente" y envió un mensaje a la población para que "se informe bien de cómo se están haciendo las cosas porque les afectará a ellos mañana. A mí me decían: 'no hagáis nada que no vais a conseguir nada'. ¿Que no?, aquí nos encadenamos todos", sentenció.
En el caso de María del Carmen Couso coincidió en denunciar la falta de transparencia, y acusó a la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, de "decir mentiras" sobre las reuniones mantenidas con los afectados. "¿Quieren las casas? Pues muy bien, que cojan las casas. Pero que nos den una casa como el terreno que tenemos", señaló la vecina.
José Muñoz, por su parte, subrayó que los afectados no están en contra de que Pontevedra crezca ni de que se construya más vivienda, sino de la manera que se está gestionando. Consideró que, si la expropiación es inevitable, al menos debería hacerse "con el precio del mercado".
Muñoz denunció, además, que a algunos vecinos les ofrecerían viviendas mucho más pequeñas que las que tienen actualmente. "Si tienes una casa de 300 metros, te dan una de 150. Entonces, ¿a dónde vamos? Eso no tiene sentido. Nos compran y no queremos dinero. Me compras una finca igual, a una distancia igual y me haces una casa igual. Así quedamos todos tranquilos. Pero parece que no va a ser así. No sabemos nada; nadie nos dice nada. En Santiago nos dijeron: 'esto es así, o lo tomas o lo dejas', y fuera. No hay más vueltas", criticó.
Liliana Mouteira fue todavía más dura con la administración y aseguró que los vecinos se sienten "defraudados" y "despreciados". Reprochó que, pese a ser propietarios y contribuir con sus impuestos, no hayan recibido "ni siquiera una respuesta de cortesía del alcalde" tras la petición de reunión con él la semana pasada.
También acusó a la conselleira de "desplazarse por toda Galicia haciendo promoción de vivienda y obras públicas" y explicó que la única reunión celebrada fue el 26 de marzo y con apenas ocho casas, mientras que el resto de propietarios, insistió, "no existimos".
Mouteira calificó de "burla" toda esta situación, mientras desde la Consellería "están promocionando vivienda pública como si fuera Marina D'Or. Aquí no se trata de vacaciones, se trata de gente que lo está pasando muy mal", alertó.
En el caso de María Esther Taboada insistió en que el problema no es el crecimiento de la ciudad, sino que se haga "a costa de robarle a los vecinos y de empeorar nuestra calidad de vida". Explicó que su parcela tiene 800 metros cuadrados y 400 construidos, pero que le ofrecen "una vivienda de 120 metros cuadrados en dos plantas. Somos cinco en casa, mi madre en silla de ruedas... Me complican la vida de una manera increíble", lamentó.
Taboada también denunció que, lejos de ofrecer una solución justa, "van a obligarnos a pelear. El dinero que me van a ofrecer no va a ser lo que vale la casa y ya te obligan a luchar y a protestar. El dinero que ofrecen por los terrenos, terrenos pegados a Pontevedra, es irrisorio", criticó.
Además, rechazó que las viviendas ofrecidas puedan considerarse una compensación real, ya que, al ser de protección oficial, "a los ocho años las condiciones bajan. No la vas a poder vender al precio que tú quieras ni alquilar cuando tú quieras. Nunca va a ser tuya. Nos quitan algo que es nuestro y nos dan algo que nunca va a serlo", concluyó.