Antes de 2023 todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones para mitigar la contaminación provocada por el tráfico. Es una decisión de obligado cumplimiento, al figurar en una ley aprobada recientemente por el Gobierno central.
Hace unos veinte días, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado las directrices bajo las que se regularán estas zonas de bajas emisiones que, en el caso de Pontevedra, también provocarán consecuencias en la circulación del tráfico rodado.
El edil César Mosquera ha explicado que el gobierno municipal ha descartado dos de las tres vías que propone Transición Ecológica para habilitar estas zonas en las ciudades.
Así, Pontevedra no está dispuesta a prohibir la circulación de vehículos que no dispongan de distintivo ambiental, es decir los coches diésel matriculados antes de 2014 y los de gasolina registrados antes de 2006, al entender que sería "discriminatorio".
Tampoco aceptará, como ya hacen otras urbes, implantar un peaje por entrar, circular o estacionar en ciertas zonas, porque "defendemos que circule quen o necesita e non quen poida pagar", ha señalado Mosquera. No se establecerán sistemas tipo ORA ni zonas azules.
La tercera alternativa sería la que, a juicio del gobierno pontevedrés, se adaptaría mejor a la realidad urbana de Pontevedra: limitar progresivamente el tráfico en todo el ámbito urbano, adoptando más medidas de humanización y calmado de la circulación.
"A nosa situación é boa pero temos que optar por unha solución", ha asegurado el edil del BNG, que ha reiterado que la ley obliga al Concello a realizar "axustes" para demostrar y certificar que se reducen las emisiones contaminantes derivadas del tráfico.
A este respecto, el Concello asegura tener "identificadas" áreas en las que advierte de un nivel aún excesivo de coches, especialmente en el eje formado por Echegaray, Alameda, Augusto García Sánchez o Eduardo Pondal, así como en todo el ámbito de Monte Porreiro.