El Pleno Municipal de Pontevedra ha aprobado por mayoría una moción, presentada por el Partido Popular, para instar al Ministerio de Fomento a la pronta licitación del proyecto de construcción del primer tramo de la futura autovía A-57, entre Vilaboa y A Ermida.
El texto, que contó con la única abstención de María Biempica, incluye además una enmienda socialista para demandar también al departamento dirigido por Ana Pastor la licitación en el año 2015 de las obras comprometidas en el Nudo de Bomberos y la urbanización de la N-541.
Jacobo Moreira argumentó en su explicación que no se trata de "unha moción contra ninguén", en alusión a la ministra de Fomento, "senón a favor de Pontevedra" al ser una infraestructura que entiende beneficia a la ciudad por su "impacto económico" y por resolver demandas como "o acceso aos polígonos do Campiño e A Reigosa".
Los socialistas por su parte aseguraron que "non seremos nós os que poñan dificultades a este proxecto", si bien Agustín Fernández criticó la tardanza del Gobierno en aprobar la licitación toda vez que "o proxecto quedou listo no final do pasado mandato".
Esta tardanza, según Fernández, provocó incluso la caducidad de la declaración de impacto ambiental inicial "mentres Rajoy botaba unha sesta".
Por el grupo municipal del BNG César Mosquera argumentó que el trazado previsto pasará por "o único sitio posible", y justificó el apoyo de los nacionalistas en la petición de una infraestructura que "pedimos dende hai 15 anos" y que cuenta con el apoyo de "todas as forzas políticas e sociais".
En el debate de esta moción estuvieron presentes representantes del colectivo Salvemos A Fracha, que se opone a la construcción de la Autovía A-57. Tuvieron voz mediante la concejala María Biempica, que leyó una reflexión de la plataforma en la que instó a que se destine el dinero previsto para construir la A-57 "a hacer, conjuntamente con el Concello y la Deputación, una Ronda como Pontevedra se merece".
APROBADA LA ITV DE EDIFICIOS
La corporación municipal aprobó además por unanimidad la Ordenanza municipal reguladora del Informe de Evaluación de los Edificios, la conocida como la 'ITV de edificios'.
Antón Louro explicó que la normativa pretende "minimizar as cargas das comunidades de propietarios e garantir a seguridade", mientras el grupo popular, aunque se mostró a favor, matizó que "nos gustaría que los edificios de uso público fuesen inspeccionados a los 25 años" en lugar de los 50 previstos, según declaró Ricardo Aguilar.