El Concello de Sanxenxo arrancará 2026 con un presupuesto de 69,8 millones de euros, aprobado este lunes en un pleno que combinó números, reproches políticos y hasta despedidas.
Las cuentas salieron adelante gracias al apoyo del PP y a la abstención del BNG, mientras que el PSOE votó en contra. La concejala de Hacienda, Paula Martínez, defendió el proyecto como un ejemplo de "estabilidad" resaltando que es "el décimo presupuesto consecutivo aprobado desde 2017" y aseguró que este esfuerzo continuado explica, en parte, los buenos datos económicos y turísticos del municipio.
El plan económico pivota sobre una inversión de 2 millones para las siete parroquias del rural, y un impulso a la actividad económica y a la vivienda mediante las empresas municipales Nauta e Ínsula.
Martínez subrayó que el rural vivirá un "salto histórico", con un total de 97 actuaciones ejecutadas recientemente, en marcha o previstas para 2026. Sólo Espina y Delfín, junto con Acuaes, suman 36 millones de euros para ampliaciones de saneamiento, mejoras de la red de agua y la modernización de la depuradora de Paxariñas. A esto se añaden obras ya realizadas, desde asfaltados y humanizaciones hasta mejoras en capillas, centros cívicos o campos de fútbol, además de nuevas intervenciones previstas para el próximo año, como treinta actuaciones más de saneamiento o la humanización de viales en Noalla, Padriñán, Dorrón y Vilalonga.
La otra gran apuesta llegará de la mano de Nauta, con los proyectos del umbráculo de 2.000 metros cuadrados en la Praza do Mar, la renovación de instalaciones náuticas y pesqueras, y la ampliación del aparcamiento de San Roque. Ínsula, por su parte, asumirá la urbanización del PEI 17 y la compra de suelo para promover vivienda pública. Todas estas actuaciones, insistió Martínez, se financiarán sin recurrir a los vecinos, replicando el modelo que se aplicó con éxito en 2002 en el puerto deportivo.
El área social también gana peso en las cuentas de 2026. El Concello prevé un gasto de 225 euros por vecino, cifra que la Asociación Española de Directores de Servicios Sociales considera "excelente". El incremento se refleja en partidas como el Centro de Día, las escuelas infantiles de O Tombo y O Revel o el Servicio de Atención en el Hogar, cuyo coste se ha multiplicado por siete respecto a 2017. La edil destacó además el refuerzo de programas de emergencia social, del CIM y de actividades para mayores.
Pero el debate presupuestario no estuvo exento de críticas. El BNG, que se abstuvo, calificó las cuentas de "precarizantes y privatizantes" y denunció que el rural sigue siendo "el gran olvidado", con una inversión que —según sus cálculos— no alcanza el 5% del total. Los nacionalistas acusaron al gobierno local de priorizar infraestructuras sin tener en cuenta su mantenimiento ni las necesidades cotidianas de la ciudadanía, y recordaron ejemplos de espacios públicos abandonados durante décadas, como el Centro de Interpretación de A Telleira. También reprocharon la desaparición de servicios como las ludotecas o la oficina de Juventud, lo que consideran "incomprensible" en un presupuesto de casi 70 millones.
El pleno tuvo además un componente emocional ya que los ediles del BNG, Fran Leiro y Tamara Castro, anunciaron su renuncia por motivos personales. Ambos agradecieron la confianza vecinal y la colaboración del personal municipal y del resto de grupos, despidiéndose con un "foi unha honra formar parte desta Corporación".
La sesión incluyó la aprobación de una moción por el 25N, presentada por el gobierno. El texto insta a reforzar la prevención y atención a las víctimas de violencia machista, a mejorar el sistema Viogén y a que la Xunta establezca un protocolo específico y amplíe los recursos psicológicos y jurídicos.
El momento más tenso del pleno tuvo que ver con el conflicto con el servicio municipal de Emerxencias. Una decena de trabajadores, presentes con una pancarta, protagonizaron un tenso episodio después de que el PP rechazara una moción del PSOE que pedía retomar el diálogo para mejorar sus condiciones laborales. Los efectivos protestaron acercándose a la mesa plenaria, desplegando su pancarta y acusando de "acoso laboral" al alcalde Telmo Martín. Tras varios minutos de tensión, abandonaron la sala por propia iniciativa.