Representantes de Augas de Galicia y de los concellos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboa y Ponte Caldelas mantuvieron este viernes un encuentro en el que el Ejecutivo gallego expuso su iniciativa para dotar a la comarca de una estructura de gobernanza conjunta, que regule y unifique las concesiones actualmente vigentes para las captaciones de agua en el río Lérez y en el embalse del Pontillón de Castro.
El nuevo modelo permitiría transitar desde el actual sistema centralizado en el concello de Pontevedra hacia una gestión supramunicipal basada en la codirección y cogestión por parte de todos los ayuntamientos implicados.
Esta mancomunidad de municipios permitirá realizar una "gestión más eficiente, sostenible y equitativa" del abastecimiento de agua potable y "afrontar con mayores garantías posibles situaciones de sequía en el entorno".
Los responsables del organismo hidráulico autonómico informaron a los Concellos de cual es la situación actual del sistema y de las soluciones que se proponen.
Entre los datos expuestos, destaca que la demanda conjunta de la ría alcanza los 10,8 hectómetros cúbicos anuales, abastecidos fundamentalmente desde las captaciones del Lérez y del Pontillón de Castro, dos fuentes imprescindibles para garantizar el servicio especialmente en los meses de verano.
En paralelo, la Xunta también trasladó la necesidad de avanzar en soluciones de gestión eficientes como la alternativa de recuperar la llamada arteria litoral -una canalización existente paralela a la costa que está inoperativa-, pues evitaría tener que bombear el 100% del caudal destinado a los municipios de Marín y Bueu, con altos costes energéticos.
Su reparación, que requeriría de una inversión de entre 7 y 10 millones de euros, permitiría ahorros superiores a los 250.000 euros anuales y reforzaría la eficiencia global del sistema.
COSTE ANUAL
De hecho, según el estudio económico allegado, el coste de explotación anual del sistema mancomunado se situaría en alrededor de los 2,5 millones de euros, cifra que podría reducirse con la restablecimiento de esta arteria litoral.
La Xunta considera que la constitución de una mancomunidad como entidad de gobernanza conjunta, para la realización de inversiones en almacenamiento y garantías de regulación, así como para avanzar en una gestión única son claves para el futuro del agua en los concellos del entorno de la ría de Pontevedra.