Días después de que la concejala de Fiestas, Carme da Silva, anunciara que el Ayuntamiento de Pontevedra mantendrá la integridad del convenio bianual firmado con empresarios taurinos, el análisis realizado conjuntamente por la Asociación Animalista Libera y de la Fondation Franz Weber cuestiona la idoneidad del acuerdo, y apuesta por "vías de participación ciudadana" para consultar sobre su continuidad.
Ambos colectivos señalan la posibilidad de que el consistorio pontevedrés convoque una consulta popular para que sea el conjunto de la ciudadanía quien decida sobre si se debe mantener el convenio en su conjunto, se deben revisar y eliminar algunos apartados, o si se debe rescindir completamente. Los animalistas entienden que el desembolso para estos dos años (2014-2015) de 95.000 euros supera con mucho la utilidad que el gobierno municipal puede dar a las instalaciones.
En este sentido, y como apuntó la pasada semana la plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas, existe alternativas factibles a la propia plaza de toros, como el campo de fútbol de Pasarón o el Recinto Ferial, e incluso se pueden emplear los espacios públicos para adaptarlos a toda clase de actividades, como se viene haciendo para la programación musical de las Fiestas de la Peregrina.
Desde la entidad suiza entienden que el mensaje enviado desde Pontevedra a favor del mantenimiento de un acuerdo económico con el entramado taurino supone un "grave error estratégico" del grupo de gobierno. De hecho, los animalistas helvéticos cuestionan el "supuesto ahorro" mostrado en un estudio que nunca se divulgó con anterioridad, y que "parece elaborado ex profeso para tratar de defender la subvención".
La Asociación Animalista Libera también pone en entredicho la ventaja comparativa de pagar por usar la plaza de toros a precios que están absolutamente fuera del "mercado" y de las comparativas con recintos similares, como el Multiusos de Illumbe, en San Sebastián, o el Coliseum de A Coruña.
También existen coincidencias argumentales de las organizaciones animalistas en relación a las "prebendas otorgadas por el propio ayuntamiento a la empresa organizadora de los eventos taurinos". El propio convenio permite la instalación libre de publicidad agresiva visualmente en mobiliario público, así como la ruta de vehículos con megafonía, extremos que en otros municipios gallegos están regulados o directamente prohibidos.
Finalmente proponen que el hipotético referéndum se celebre en coincidencia con la convocatoria de elecciones municipales, con el consiguiente ahorro de medios y fondos para la administración local. Los animalistas reclaman esta herramienta como recuperación de la democracia directa y la promoción de la participación ciudadana en asuntos que les pueden interesar, como el hecho de estar pagar decenas de miles de euros a una empresa que se lucra con espectáculos de maltrato animal.