La Justicia ha puesto fin a un proceso administrativo y judicial que se ha extendido durante casi dos décadas.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado el auto de firmeza, con fecha de 9 de abril de 2026, que ratifica la condena a la Consellería de Sanidade por los daños morales ocasionados a Víctor Pedreira Crespo, antiguo jefe del servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).
La resolución judicial determina que el cese de Pedreira y su posterior sustitución respondieron a una "desviación de poder", que el propio afectado entiende que se deriva de criterios de índole política.
El conflicto se remonta al 22 de mayo de 2009. En esa fecha, tras la llegada del Partido Popular a la Xunta de Galicia y el fin del gobierno bipartito (PSOE-BNG), en el cual Pedreira ocupó el cargo de responsable de salud mental y drogodependencias, el facultativo recibió dos notificaciones simultáneas.
La primera suponía su cese como subdirector xeral, una decisión que el propio médico califica de legal y esperada por la naturaleza política del puesto. Sin embargo, la segunda notificación decretaba su cese como jefe del servicio de Psiquiatría del CHOP, plaza que ocupaba en propiedad desde el año 1982.
Este segundo cese fue declarado nulo de pleno derecho por los tribunales años después, al no respetarse la excedencia especial por ejercicio de cargo público y carecer de cualquier motivación técnica.
A partir de ese momento, Pedreira fue reintegrado a su servicio, pero no como jefe titular, sino en comisión de servicios, situación que dio inicio a un periodo de tensiones bajo la gerencia de José Manuel González, quien había sido conselleiro de Sanidade con el Partido Popular en la Xunta durante 2004 y 2005.
En el año 2012, la administración convocó el proceso selectivo para cubrir la jefatura que el propio Pedreira desempeñaba de forma provisional. Según el relato del afectado y los hechos probados en sede judicial, el proceso estuvo diseñado para favorecer a un candidato específico: un médico adjunto con escasa trayectoria que mantenía una relación de amistad con el entonces gerente del centro hospitalario.
Para completar este procedimiento fueron necesarios hasta cuatro tribunales diferentes. El primero fue anulado por incumplir la ley de igualdad al estar compuesto íntegramente por hombres. El segundo también fue invalidado por la presencia de un miembro que no reunía los requisitos exigidos en las bases.
Durante la actuación de estos tribunales, testigos y grabaciones documentaron una actitud de desprecio hacia la figura de Pedreira, frente a los elogios vertidos sobre el otro aspirante.
Tras la adjudicación de la plaza al candidato que defendía la gerencia, Pedreira fue degradado a la categoría de adjunto, lo que supuso su subordinación jerárquica a antiguos alumnos suyos y una reducción de un tercio de su salario. Además, fue trasladado a una unidad periférica fuera del hospital, donde permaneció hasta su jubilación forzosa en enero de 2015.
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
La sentencia inicial del juzgado número 2 de Pontevedra, ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en 2017, fue determinante.
Los magistrados señalaron que la actuación de la comisión de evaluación vulneró los principios de igualdad, mérito y capacidad. El fallo judicial utilizó términos contundentes al referirse a una "desviación de poder" y a un contexto de "arbitrariedad y favoritismo".
Pese a la firmeza de estas sentencias, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) evitó su ejecución inmediata alegando que Pedreira ya se encontraba jubilado. No fue hasta que un nuevo auto judicial exigió el cumplimiento cuando la administración se vio obligada a repetir el proceso técnico.
En 2019, ante un tribunal independiente y plural, el candidato que obtuvo la plaza años atrás no se presentó, y Pedreira fue reconocido finalmente como el legítimo ganador del concurso, restituyéndole sus derechos económicos y su rango histórico de forma retroactiva.
CONDENA FINAL POR DAÑOS MORALES
La resolución que en marzo adquirió firmeza, al no ser recurrida por la Xunta de Galicia, aborda específicamente el impacto psicológico y profesional sufrido por el facultativo.
El tribunal estima que existió un "funcionamiento anormal muy grave, grosero e intolerable" por parte de la administración.
La sentencia subraya que se "usurpó" el puesto del demandante y se le "degradó" por una animadversión personal de sus superiores coincidiendo con el tramo final de su carrera profesional.
El fallo fija una indemnización de 10.000 euros más el incremento del IPC acumulado desde el año 2012. Además, el juez introduce una recomendación significativa: insta a la Consellería de Sanidade a ejercer la "acción de regreso", un mecanismo legal para que la administración reclame el dinero de la indemnización a los gestores responsables de la actuación ilegal.
Más allá de los tribunales ordinarios, el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra y la Comisión Central de Deontología también evaluaron los hechos, según relata Pedreira.
El organismo deontológico apreció infracciones graves en la conducta de dos médicos que formaron parte de los tribunales de evaluación, señalando comportamientos de desprecio hacia un colega y abuso de poder.
Aunque el expediente disciplinario no derivó en sanciones de inhabilitación debido a la demora del proceso y a la disposición del propio Pedreira a dar por suficiente el reproche público, el documento oficial deja constancia de la quiebra del código ético profesional.
Víctor Pedreira manifestaba este viernes su "satisfacción" después de una etapa de diecisiete años de lucha legal, en la que "sufrí mucho y tuve que gestionar ese sufrimiento. Hemos sufrido una locura, yo y mi familia".
Ahora, al fin, el psiquiatra coruñés ve reconocida una injusticia que considera motivada por razones políticas, ya que había quien le consideraba "colaboracionista socialista", apunta.
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