Si dejáramos la ley y las ideologías de lado, se podría cumplir el dicho popular de que, en algunos aspectos, "todos los políticos son iguales". El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sería el regidor de una capital de provincia que más tiempo lleva en el cargo, ahora refrendado de nuevo por la asamblea local del BNG, camino de cumplir el año que viene 28 años en la alcaldía y 40 en la corporación municipal. Le seguiría Francisco de la Torre, del Partido Popular, que llevaría al menos cinco mandatos. Son tan solo dos ejemplos, y ya ven que en esto, conservadores, socialistas y nacionalistas se dan la mano.
Llegados a este punto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG 5/1985) debería modificarse en algunos de sus artículos, para evitar desde la propia ley un abuso de la misma, en donde los candidatos y sus cargos de confianza se perpetúan en los puestos, al no existir límite de mandatos, lo que conlleva que los partidos políticos patrimonialicen las instituciones y se maquillen unos congresos a la búlgara. Lo único que se consigue con esto es devaluar la calidad democrática del país, a pesar de que España está en el puesto 21, subiendo dos puestos en lo que a libertades se refiere, según Economist Intelligence Unit (EIU), datos del año 2025.
La gestión política, local, autonómica o nacional, no debería estar condicionada por los aparatos de los partidos, ni por los egos ni los personalismos. Perpetuar de esta manera a los candidatos electos en las instituciones por tiempo indefinido puede conllevar corrupción y tráfico de influencias, en donde familias afines a los cargos públicos copan la administración en todos y cada uno de sus distintos niveles. Hay informes independientes de organismos internacionales que la consideran poco eficiente y sobredimensionada, aunque esto ya daría para otro artículo.
Los elegidos mediante las urnas deben dar ejemplo no solo legal, sino ético y moral, y no perpetuarse en su cargo. Cuando se cree en un proyecto político, se debe también creer en el equipo y saber buscar un candidato alternativo llegado el momento, para que continúe el mismo; y evitar normalizar una situación en la que un candidato se postula en un puesto que ostenta de manera indefinida y larga en el tiempo. Lo único que va a conseguir es que, cuando se retire, por cansancio y hartazgo del electorado, se produzca una alternancia hacia otra formación, algo normal y natural en una democracia (si a lo mejor lo que perseguía el permanente candidato era todo lo contrario).
Esta circunstancia se da cuando se trata la política de una forma personalista y egoísta, queriendo mantenerse en el puesto sin tener una visión más global y colectiva hacia el electorado. Muchas veces este, al no existir alternativa mejor, vota "con la nariz tapada" a su propia opción política, más allá de lo que debe ser la función y la gestión pública.
Hemos normalizado lo que no es normal: la corrupción, el tráfico de influencias, la judicialización de la política, los parentescos en la administración pública, la perpetuidad en los puestos de confianza, las puertas giratorias y alcaldes, presidentes de diputaciones, senadores, secretarías y direcciones generales, que se mantienen o rotan por distintos puestos de la administración pública. Cuando lo consideran, en muchos casos de forma tardía, se retiran con una buena jubilación, habiendo estado en cargos de confianza muchas veces poco productivos.
La reducción del número de ayuntamientos, así como del tamaño de la administración pública en todos sus niveles, y la modificación de la LOREG con el fin de limitar los mandatos de los cargos electos, debe ser algo prioritario para no normalizar lo que hoy en día es una anomalía. Siendo una parte de la sociedad la que se beneficia de aquellos políticos que de forma indefinida se mantienen en el ejercicio de la función pública, y que generan unos hábitos viciados, como las puertas giratorias, solo para los suyos y para ellos mismos, como la existencia de los popularmente llamados chiringuitos.
Volviendo al inicio de este artículo, los dos ejemplos citados sirven para ilustrar una España de castas (que no ideológicas, en el sentido más estricto e intelectual de la palabra), en donde perpetuarse en los puestos es un fin, ya no solo de una ambición legítima (eso sí, personal y política), sino también de egos, excesiva exposición mediática y favores a los afines que se da en todas y cada una de las formaciones políticas, abusando de la ley y normalizando unas prácticas que los "estómagos agradecidos" necesitan de aquellos políticos con influencia (que no de la política, eso serían palabras mayores). Estómagos que son los mismos que después votan en las primarias o en congresos de las formaciones, y que devalúan la democracia interna de los partidos, haciendo ver como normal en la sociedad lo que no deja de ser una anomalía sistémica.
Empezando por saber retirarse los cargos electos a tiempo de la función pública, como en su día le recordaron a Manuel Fraga, esto último siempre es una decisión personal, y el argumentar estar a disposición del partido es una respuesta de alguien que lo único que persigue es perpetuarse en el puesto (aún reconociendo ser legítimamente votado por el cuerpo electoral). Después de un largo periodo en la vida política, la decisión final es individual, pero aludir a excusas de tipo orgánico solo demuestra un perfil personal que se refugia en el partido para disimular sus carencias como candidato.
Con la actual ley electoral, lo que se consigue, sin la limitación de mandatos, es que se perpetúen los cargos electos (de ser elegidos estos), en donde los partidos políticos y las instituciones se entremezclan. Es decir, una bicefalia tóxica y una manera excesivamente personalista de entender la democracia, que en parte se resolvería con más transparencia y limitación de mandatos.