Todos pensamos de forma mayoritaria, un tanto instintiva y, a mi juicio, de manera equivocada, que la corrupción solo afecta a la vida pública cuando determinados políticos actúan de forma deshonesta. Olvidamos que estos individuos provienen de la propia sociedad. Aunque la ciudadanía cuestione con dureza el sistema público, ambos ámbitos se retroalimentan de manera constante.
El absentismo laboral, el pelotazo inmobiliario, los puestos de baja productividad en la administración y una sociedad hedonista, polarizada y competitiva son factores que se sufren diariamente en todos los sectores profesionales. De ese mismo entorno proceden muchos de los cargos electos que, en ocasiones, carecen de vocación política o de espíritu de servicio. Estos perfiles suelen utilizar su posición para beneficio propio, bajo la premisa de que el cargo es un medio para hacer vida social, algo que parece ser su única motivación real.
Hemos normalizado ejemplos llamativos, como ver a cargos directivos sin formación alguna sentados en palcos junto al Jefe del Estado en eventos oficiales, o situaciones como la del alcalde de Ourense, cuya falta de solicitud de compatibilidad con sus negocios privados está bajo la lupa de la Fiscalía. Estos casos evidencian la facilidad con la que ciertos perfiles llegan a puestos de relevancia, a menudo impulsados por los propios aparatos de los partidos.
Los vínculos entre el sector privado y el público están integrados en el funcionamiento de un sistema que se nutre de la sociedad. Algunos dirigentes, cuya vocación de servicio es nula, ya traían esa inercia antes de acceder al cargo; saben infiltrarse en las estructuras de poder con el único fin de favorecer sus intereses personales. El hecho de que a alguien no le interese la política no lo hace mejor ni lo exime de su responsabilidad ciudadana. La corrupción reside en el tejido social y el conflicto surge cuando se traslada a la esfera política. Un ejemplo claro es el caso Palau, donde se desviaron fondos para financiar formaciones políticas.
Según un estudio de la Universitat de Barcelona sobre el periodo 2000-2020, se registraron 3.743 casos de corrupción en España. El Partido Popular concentró el 40,5% de los casos y el PSOE el 38,3%, sumando entre ambas formaciones el 75,8% del total nacional. Muchos de estos procesos tienen su origen en ONG o empresas que crean sociedades sin actividad mercantil para concurrir a concursos públicos, tal como se investiga actualmente en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con el denominado "caso de las mascarillas".
Cualquier ciudadano tiene derecho a integrar una lista electoral en democracia, pero es necesario establecer límites y filtros profesionales para determinados puestos. No basta con la titulación; el candidato debería acreditar una relación profesional con el cargo que aspira a desempeñar. Esta sería una defensa eficaz en la prevención de la corrupción. Asimismo, resulta cuestionable la práctica de presentar mociones de censura a un año de las elecciones mediante el uso de tránsfugas. El político debe ser cercano, pero si el ciudadano busca favores personales bajo la máscara de la campechanía, para eso ya existen otros espacios como el furancho, no la administración pública.