La totalidad del comité de empresa de ENCE en Pontevedra, integrado por representantes de Comisiones Obreras, CIG y UGT, ofreció este viernes una rueda de prensa en el salón de actos del edificio de sindicatos.
Lo han hecho para anunciar un calendario de huelgas de doce días en protesta por la intención de la compañía de iniciar un procedimiento de despido colectivo en el centro de trabajo de Lourizán.
La convocatoria, aprobada por amplia mayoría en asamblea, afectará tanto a la planta pontevedresa como al resto de centros productivos de la compañía y a las industrias auxiliares que dependen directamente de la fábrica de celulosa.
Durante la comparecencia, el presidente y el secretario del comité, Santiago Cerqueiro y Omar Vázquez, acusaron a la dirección de ENCE de "mentiras, compromisos incumplidos y traición", lo que, según afirmaron, ha provocado una "guerra total abierta" entre la empresa y su plantilla.
"Solo podemos responder con toda nuestra fuerza y unidad ante esta amenaza directa de despido colectivo", advirtieron los representantes de los trabajadores.
El comité recordó que durante años la plantilla "se dejó la piel" en la defensa de la continuidad de la fábrica frente a la ría de Pontevedra, mientras la empresa usaba su permanencia como argumento para justificar decisiones corporativas.
Ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la prórroga de la concesión, los sindicatos denuncian que la compañía no ha cumplido los compromisos de inversión, empleo ni vinculación con la comunidad.
Según el comité, ENCE había anunciado inversiones "por cientos de millones de euros" condicionadas a la resolución judicial, que "nunca llegaron", y un plan "Pontevedra Avanza" que, en palabras de los representantes sindicales, "no avanza a ninguna parte" y mantiene "todas sus inversiones paralizadas".
Asimismo, reprochan que la empresa incumplió los acuerdos alcanzados tras la huelga de enero, convocada en protesta por las condiciones laborales en la planta, que describen como "cada día más insalubres e inseguras".
El comité asegura estar sometido a "todo tipo de presiones" por parte de la empresa, que -según su versión- intenta que firmen un despido colectivo "fuera del cauce legal" a cambio de "falsas promesas de inversión".
El despido afectaría, indican, a más del 10% de la plantilla, lo que supondría un expediente de regulación de empleo (ERE) sin garantías.
"Pretenden que vendamos a 40 compañeros a cambio de 3 cochinos euros en el coste de producción de la fábrica", denunciaron.
Los representantes sindicales califican el proceso de negociación de "improvisado e irregular" y acusan a la dirección de romper el diálogo.
También criticaron la presencia de directivos de empresas competidoras, como Altri, en las instalaciones de Pontevedra y Navia "incrementando y no disminuyendo el supuesto rumor de una posible venta pactada con una reducción previa de personal".
El comité responsabiliza a la dirección de ENCE de haber "traspasado todos los límites de la buena fe", al vincular las inversiones en la fábrica a la aceptación de despidos.
"Se nos ha amenazado por la dirección de la empresa con el cierre de la fábrica. Ahora es la empresa quien amenaza con el cierre", aseguran. "Se nos ha dicho que aceptamos el despido de 40 compañeros pacíficamente o que igual son los 282, en referencia a toda la plantilla".
Ante esta situación, los trabajadores exigen la implicación de las administraciones públicas, especialmente de la Xunta de Galicia, para que "hagan efectivos los compromisos asumidos por la empresa con el empleo y la inversión en Pontevedra".
"Ahora mismo la situación que tiene ENCE es esta: una guerra total en la fábrica de Pontevedra, con su plantilla directa, con su personal auxiliar y hasta con nuestros transportistas", concluyó el comité.