El vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, César Mosquera, mantuvo este miércoles una reunión con representantes municipales de 50 concellos de la provincia para hablar del nuevo marco normativo de los residuos y sus implicaciones para los gobiernos locales.
Mosquera ha advertido de que, ante este nuevo marco normativo, los ayuntamientos de la provincia deberán corregir sus ordenanzas de residuos e implantar tasas que graven el pago por generación.
En esta reunión los representantes municipales trasladaron su preocupación por el cambio que ya está en marcha y que obliga a las administraciones locales, bajo amenaza de sanción, a cumplir los objetivos de reciclaje, teniendo como primera fecha 2025 para reciclar el 55% de los residuos.
César Mosquera ha subrayado que ninguna de las nuevas normativas, ni la transposición de la directiva europea, ni la nueva ley estatal ni la autonómica prevén aportaciones económicas, sino que todas están basadas en el principio de "quien contamina paga", cargando la financiación del sistema en las tasas sobre los productores de los residuos. De ahí la necesidad de corregir las ordenanzas municipales estableciendo diferentes escalas en las tasas.
La nueva ley insiste expresamente en que hay que aproximarse al pago por generación: quien más residuos genera debe pagar más.
Mosquera ha anunciado que la Deputación va a poner ayudas a disposición de los gobiernos locales "que queiran cumprir cos obxectivos, coa normativa a legalidade, o planeta, o medio ambiente, e con todos os obxectivos que son irrenunciables".
El Plan Revitaliza, según ha señalado el vicepresidente, va a conceder ayudas económicas para realizar las inversiones necesarias, pero ha advertido de que se van a realizar inspecciones para que realmente el dinero se destine a obtener resultados y cumplir los objetivos de reciclaje. También ayudará en la redacción de nuevas ordenanzas municipales conforme a la normativa, así como en la gestión de la obtención y transmisión de información sobre los residuos locales a la Xunta.
Mosquera ha confirmado también que, frente al déficit de recursos humanos de los ayuntamientos, la Deputación va a impulsar un servicio provincial de inspección y control de residuos para cumplir otra de las exigencias de la nueva ley. La alternativa para los municipios, según ha recordado, es hacer la inspección por sí mismos a través de la Policía Local o de otro personal funcionario de carrera propio.
Con el fin de concretar todas las iniciativas y hacer una valoración económica y de recursos humanos que la Deputación precisa para ayudar a los concellos, los representantes municipales se comprometieron a concretar en los próximos días su adhesión a la propuesta provincial.