El Ministerio para la Transición Ecológica ha frenado, al menos por ahora, la ampliación del nuevo muelle comercial del puerto de Marín al decidir archivar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada del proyecto.
La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone un importante revés para una actuación que la Autoridad Portuaria consideraba estratégica para reforzar la actividad industrial y logística de la dársena pontevedresa.
La propuesta contemplaba prolongar en 147 metros el muelle comercial con el objetivo de mejorar la operatividad de los tráficos siderúrgicos y del sector eólico, dos actividades con creciente peso en el puerto.
El plan también incluía otras intervenciones relevantes, como un cierre lateral junto a la terminal cubierta y un dragado del canal de acceso y de la zona de atraque hasta alcanzar los 11 metros de profundidad, lo que permitiría recibir buques de mayor tamaño.
Sin embargo, los técnicos del Ministerio concluyen que la documentación presentada por la Autoridad Portuaria no aporta información suficiente para determinar con claridad el impacto ambiental de las obras.
En la resolución, la Subdirección General de Evaluación Ambiental sostiene que no dispone de "elementos de juicio suficientes" para emitir una resolución favorable o desfavorable con garantías.
Las dudas sobre el proyecto se arrastraban desde hace meses. Durante la tramitación, distintos organismos habían advertido de numerosas carencias en los informes entregados, entre ellos la Xunta de Galicia, la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y departamentos del propio ministerio.
Entre los aspectos cuestionados figuraban la falta de un análisis detallado de las condiciones de la ría, la ausencia de una metodología concreta para ejecutar el dragado o la escasa información sobre posibles afecciones a la biodiversidad marina, la fauna y la vegetación.
Otro de los puntos que generó preocupación fue el posible efecto de las obras sobre la calidad del agua y los recursos marinos.
Los informes recordaban que la zona está clasificada con categoría C por la presencia de contaminantes como tributilestaño (TBT) y mercurio, circunstancia que obligaría a extremar las precauciones ambientales.
Transición Ecológica considera que el documento ambiental presentado "carece de una adecuada identificación, análisis y valoración" de los impactos potenciales derivados de la actuación.
Además, entiende que tampoco incorpora medidas suficientemente definidas para prevenir, corregir o compensar los daños que podrían producirse en el entorno marino.
A juicio del Gobierno, el grado de indefinición del proyecto impide descartar efectos ambientales significativos, especialmente en una ría de alto valor ecológico y económico.
Por ello, y ante la imposibilidad de evaluar correctamente las consecuencias de las obras, el ministerio ha optado por cerrar el expediente ambiental.
La ampliación estaba prevista para ejecutarse en un plazo de dos años y el puerto defendía que era necesaria para evitar pérdidas de tráfico comercial y garantizar el crecimiento futuro de sus instalaciones.
Ahora, el proyecto queda en suspenso a la espera de que pueda reformularse con mayores garantías técnicas y ambientales.