Por tercera jornada consecutiva, la PO-11, la conocida como "autovía" que conecta Pontevedra con Marín, ha tenido que ser clausurada al tráfico en ambos sentidos debido a la entrada de las olas en la calzada, un fenómeno que coincide con la virulencia del temporal y los picos de la marea.
El corte se hizo efectivo alrededor de las 5:00 horas de la madrugada, coincidiendo con el auge de la pleamar, afectando al tramo comprendido entre las rotondas de Praceres y Mollavao.
Según las previsiones oficiales, el vial no recuperará la normalidad hasta, al menos, las 10:00 horas, al igual que en los días previos
Como alternativa, el tráfico ha sido desviado hacia la PO-546 (la carretera vieja a Marín) y la variante de Marín, que han visto incrementado notablemente su flujo de vehículos en estos días.
RÚA DO SANTO: "ENCERRADOS EN CASA"
A escasos metros de la autovía, el panorama en la Rúa do Santo es de desolación y enfado. Los residentes de esta zona de Praceres han vuelto a ver cómo el agua invadía sus calles y propiedades.
Desde la Asociación Estriceres, sus portavoces han calificado la situación de "desastre" y denuncian una desprotección total por parte de las administraciones.
"La inacción de Aguas de Galicia y el Concello está acabando con nuestra salud. Ayer, con una pluviometría pequeña, estuvimos encerrados en casa durante horas", lamentan desde el colectivo vecinal.
Los afectados critican además la gestión de la seguridad, señalando que la Policía Local tardó horas en personarse y que las señales colocadas para prohibir el paso son movidas por los usuarios, lo que genera un riesgo real para peatones y vehículos, según denuncian.
"Queremos actuaciones ahora, no dentro de unos años", sentencian.
El origen de las inundaciones está en el riachuelo de "Praceres", que fluye entubado bajo la vía del tren. El paso actual cuenta con un tubo de apenas 800 mm que resulta insuficiente, agravado por una arqueta mal ejecutada por la Xunta que se sitúa a una cota superior a la entrada del agua.
El concejal de Mobilidade de Pontevedra, César Mosquera, ha explicado que la solución técnica consistíría en sustituir la canalización por una de 1.200 mm y renovar las arquetas.
Sin embargo, el Concello afirma que tiene las manos atadas. El punto afectado está dentro de una obra de supresión de los pasos a nivel adjudicada ya por Adif tras una sentencia del Tribunal Supremo.
El gobierno local teme que, si interviene sin permiso del organismo ferroviario, podría incurrir en responsabilidades legales, mientras que Adif no autoriza reformas parciales al tener su propio proyecto (actualmente paralizado) en vigor.
Ante este escenario, el Concello intentará una negociación de urgencia con Adif para desbloquear el permiso.