Hemos naturalizado que todo tipo de familiares, en distinto grado, comparten el modus operandi de vivir de la política, independientemente de que se acceda a los puestos mediante una oposición o estos sean cargos de confianza, ya que dichos parentescos, tanto en la política como en las distintas administraciones públicas, pueden llevar, entre otras cosas, a la corrupción y al tráfico de influencias.
Casos como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, familiares del líder de la oposición, Núñez Feijóo, así como un sinfín de licitaciones menores a empresas vinculadas a líderes del Partido Popular de Galicia —y que no fueron a concurso durante el año 2024— son solo algunos ejemplos que ponen ante el espejo a los distintos clanes familiares que forman parte de los aparatos de los dos partidos mayoritarios, pero también de casos que se dan en funcionarios de la administración pública, y, por lo tanto, en la sociedad civil.
En España, un tipo de familias tradicionales y no tan tradicionales —forman, para lo bueno como para lo malo, una base muy sólida— constituyen un entorno en donde la doble moral es el condimento principal que termina, muchas veces, degenerando en corrupción y tráfico de influencias, sea en la política, fundamentalmente, o en cualquier estamento social.
Al igual que existe una ley de incompatibilidades, esta debería sufrir modificaciones futuras, con el fin de lograr una mayor transparencia, tanto en la política como en cualquier nivel de la función pública, ya que además ambas se retroalimentan.
Llama mucho la atención que un porcentaje importante de políticos provenga de la administración, y que, muchas veces, dicho trasvase termina con casos como el de las mascarillas en la época de la COVID o licitaciones de obra pública con el cobro ilícito de comisiones.
Hermanos, parejas, hijos y otros parentescos se mueven entre los distintos niveles de las instituciones públicas y de los aparatos de los dos partidos mayoritarios, lo que debilita la democracia y, por ende, a la sociedad en su conjunto, generando todo ello tratos de favor y privilegios para unos y desigualdades para otros; lo que los americanos llamarían el establishment, que es el que ostenta el poder.
El que existan lazos comunicantes entre formaciones políticas e instituciones y poderes públicos socava la independencia de los mismos y los pilares más elementales de la democracia, con el único fin de favorecer a la casta y su clan.
El caso del exprimer ministro portugués, José Sócrates, no es nada ejemplarizante, pero a la vez demuestra que la justicia es igual para todos, a pesar de que el juicio se celebrara diez años después; a este se le acusó de treinta y un delitos, entre otros, de falsedad documental y blanqueo de capitales, y que afectaba también a exministros, banqueros y empresarios.
Un claro ejemplo en donde los vínculos de sangre, o no, son el ADN del entramado existente entre los poderes, instituciones y formaciones políticas, y que de una forma más doméstica termina siendo lo que en Galicia llamamos el cacique del pueblo: este se hace con el ayuntamiento, y el paisano se lo agradece, colocando el alcalde algún familiar o familiares en un organismo o en el propio ayuntamiento; cacique gobernando y el pueblo agradecido, todo es lo mismo, el ayuntamiento es el instrumento, árbitro e institución que se entremezcla en los intereses de unos y otros.
Aquí el partido no existe, manda el alcalde, que es lo mismo.
