El despliegue informativo con todo tipo de alharacas y aspavientos realizado con ocasión de la puesta en marcha de los aranceles del loco Trump no puede esconder la realidad UE: el propio Banco Central Europeo ha evaluado las consecuencias del ingente corpus normativo que un día tras otro pone el Parlamento en el interior de su propio mercado local, ha calculado los costes de esta monumental intervención y equipara los obstáculos internos con un arancel del 67%. Del 67%. E inda por riba calcularon los costes de toda la legislación interna sobre el comercio de alimentos entre los miembros de la UE y el resultado no va a salir en ninguna primera página ni estará días en el debate ni nadie lo habrá tenido en cuenta. Dice el BCE que el coste medio que supone toda la burocracia normativa para el comercio de alimentos entre miembros de la UE es del 150%. Es decir, que la dinámica reguladora e intervencionista de la burocracia UE sobre el mercado europeo genera costes y ningún ingreso, genera burocracia, genera demora y ninguna agilidad comercial, genera peso muerto sobre las empresas que tienen que trasladar en lo posible los costes originados por la burocracia al precio final provocando caídas de competitividad. Teniendo en cuenta además que, en muchísimos sectores, el ámbito de competencia no son zonas regionales, sino que los mercados se han convertido desde hace tiempo en uno solo, el mercado. Muchas empresas del metal o del naval y también de otros muchos sectores compiten con empresas de cualquier continente jugando realmente en mercados mundiales.
Es decir que, antes de salir de casa, el sector agroalimentario tiene unos costes de 100, y tan pronto pone un pie fuera de su leira se han convertido en 250 por obra y gracia del socialismo de todos los partidos: ha dividido su competitividad por 2,5 veces y con ese sambenito a cuestas sale a vender a la plaza del mercado. Nada más recomendable que el Parlamento UE volviera sobre sus pasos y analizase qué efectos produce tal correntía de normas. Podrían copiar lo que el gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha puesto en funcionamiento: toda la legislación autonómica incluirá fecha de caducidad con el fin de que se mantenga siempre actualizada y evitar acumular legislaciones obsoletas o desfasadas que sean incompatibles con la buena marcha de la economía, comprobando periódicamente los resultados obtenidos con la introducción de cada norma. Porque Ayuso y su gobierno lo que pretenden es eliminar la hiper regulación que permite la existencia de reglas inútiles que lastran la actividad económica, un mecanismo de revisión continua del sistema normativo. No sé si a la UE le llegará solo con esto si quiere que los ciudadanos y las empresas disparen la productividad y el crecimiento para revertir que nos estamos quedando atrás, o en su lugar puede que necesite un lanzallamas para derogar decenas de reglamentos y normas que se han convertido en el monstruo de la burocracia: la UE tiene que abrir los espacios a la competencia, a la libertad de elección, flexibilizar plazos, gestión, trámites, licencias, eliminar barreras de todo tipo que son en esencia regulaciones inhibitorias de la inversión. Sin inversión no hay Estado del Bienestar ni Bienestar ni Estado. Para que haya crecimiento del Estado del Bienestar tiene que haber empleos, millones de empleos a cada cual de mayor nivel. La UE ha de desplegar un campo de juego sin baches, limpio, liso y llano en el que ha de proteger la competencia en todos sus factores y no a los competidores, en el que ha de proteger la libertad económica y no a las empresas.
Por eso causa regocijo y sorna el hecho de que una burocracia que entorpece de manera flagrante la dinámica económica, asunto que se muestra en las estadísticas de los últimos años que señalan cómo la sociedad europea no está siendo competitiva en el tablero del siglo XXI, digo que causa regocijo ver que a quien le pirra la intervención y la fiscalización de la actividad mediante una avalancha de normas no tiene el menor apuro en adoptar alguno de las acuerdos internacionales de libre comercio como es el tratado con Mercosur. El tratado supone eliminar trabas, cargas y aranceles, externos, entre los miembros de un lado y otro: costes externos, mientras toda la burocracia y la intervención interna sigue intacta. El mecanismo de actuación de la burocracia es sencillo: atar a un sector y maniatarlo se realiza mediante subvenciones, primas o modificaciones artificiales de precios que paga el ciudadano para que la burocracia cree un ente artificial protegido de la competencia, sector o empresa, y a continuación las continuas transferencias al tutelado provocan e impiden que se desarrolle el espíritu competitivo necesario para incrementar la productividad, el ahorro de costes o la búsqueda de nuevos mercados, cualquiera de las actuaciones que las organizaciones libres ponen en funcionamiento para hacer crecer la empresa, los empleos, la inversión y los beneficios. En el caso del mercado de alimentos parte de la renta agropecuaria cae del cielo, del cielo ciudadano que enviamos a Bruselas, subvenciones que se repiten en el tiempo, no digamos cuando el origen de las transferencias llega del cielo de la Deuda, que es el mismo burro. En este control de la burocracia nada se mueve sin que haya que dar cuenta de los más ínfimos pasos en un hartazgo que lleva los tractores a la calle. Pero la firma del tratado provoca que a este pajarillo en su jaula de normas lo lancen al mar a ver si nada. Y si no nada, cierra. Cierra, y cierra con toda la familia que vive de su ganado y de sus tierras.
Por eso la supuesta adhesión al libre comercio es una falacia: la UE mantiene sus mercados maniatados obligando a cumplir normas a mansalva, el mercado agrícola y ganadero mucho más, con el incremento de costes adicionales del 150% provocados por el afán intervencionista. Un delirio. A la UE ni se le ocurre dejar en paz a las empresas en su actividad: en una sociedad avanzada y orientada hacia el dinamismo del crecimiento de todos sus ciudadanos la burocracia política está nada más que para marcar las reglas del juego de la libertad, nada más. La mera existencia de toda esa maraña legalista y garantista denota la nula confianza que la élite europea tiene en la libertad y en la iniciativa de sus ciudadanos: por ejemplo, la burocracia UE debía preguntarse una y otra vez por qué hay en USA varias big tech gigantes y un sinfín de medianas, algunas en China, y por qué en Europa no hay ni una sola comparable. Dedíquense a esto. Dedíquense a la libertad económica.