Toc, toc: El interés general

Hay un momento, casi imperceptible al principio pero decisivo en sus consecuencias, en el que una casa deja de ser un hogar para convertirse en una pieza dentro de un plano. No ocurre de forma física ni inmediata, sino administrativa. Alguien decide que ese lugar forma parte de un proyecto mayor y, desde ese instante, todo lo que allí sucede empieza a medirse con otros criterios.

Así es como muchos ciudadanos descubren que están dentro de un Proyecto de Interés Autonómico.

Sobre el papel, la herramienta tiene sentido. Los llamados PIA nacen para desbloquear actuaciones consideradas estratégicas, especialmente en ámbitos como la vivienda, donde la urgencia social es evidente. Permiten reducir tiempos, simplificar trámites y coordinar decisiones que, en condiciones normales, se dilatarían durante años. Incluso contemplan la expropiación como mecanismo último para garantizar que esos proyectos salgan adelante cuando se consideran necesarios para el conjunto.

Sin embargo, entre la lógica del diseño y la realidad de su aplicación aparece una distancia que no siempre se mide en informes ni en plazos, sino en percepciones. Y es ahí donde empiezan los problemas.

Lo que está ocurriendo en A Parda, en Pontevedra, no es tanto una anomalía como una expresión clara de esa tensión. Familias que llevan años, en algunos casos generaciones, vinculadas a un lugar se ven de pronto dentro de un proceso que no han elegido, en el que su margen de decisión es limitado y cuyo desenlace, en la práctica, está ya orientado desde el inicio. No se trata solo de que exista una expropiación. Se trata de cómo se produce.

Uno de los elementos más delicados de este tipo de actuaciones es la forma en que se valora el suelo. En muchos casos, los terrenos afectados son considerados rústicos a efectos de tasación. Es decir, se les asigna un valor acorde a su clasificación urbanística en ese momento, sin tener en cuenta la transformación inmediata que el propio proyecto va a provocar sobre ellos. Sin embargo, ese mismo suelo, una vez integrado en el PIA, deja de ser rústico en términos prácticos. Pasa a ser urbanizable, apto para acoger vivienda, infraestructura y actividad económica.

En ese tránsito se concentra una de las principales fuentes de conflicto. Porque lo que para la administración es un criterio técnico basado en la legalidad vigente, para el afectado se percibe como una disociación difícil de aceptar. Se le pide que venda como si su terreno no tuviera futuro urbanístico, justo antes de que ese futuro se materialice por decisión pública.

No es únicamente una cuestión económica, aunque el impacto económico sea evidente. Es, sobre todo, una cuestión de coherencia. Si el valor del suelo está determinado en gran medida por su capacidad de transformación, resulta complejo explicar por qué esa expectativa no forma parte, al menos en parte, de la compensación que recibe quien lo pierde. La consecuencia es una sensación de desequilibrio. El valor generado por el proyecto aparece concentrado en el resultado final, mientras que el punto de partida queda fijado en una fotografía previa que ya no responde a la realidad que se está construyendo.

Desde el punto de vista jurídico, el sistema es defendible. La normativa busca evitar valoraciones especulativas y garantizar criterios homogéneos. Pero el hecho de que algo sea legal no implica necesariamente que sea percibido como justo. Y en contextos como este, la percepción importa tanto como la norma, porque es la que determina el grado de aceptación social de las decisiones.

Al mismo tiempo, conviene no perder de vista el otro lado del problema. España atraviesa una situación compleja en materia de vivienda, donde el incremento sostenido de los precios no ha ido acompañado de un crecimiento suficiente de la oferta. En ese escenario, las administraciones buscan instrumentos que permitan actuar con mayor rapidez, especialmente en la movilización de suelo y en la promoción de nuevas viviendas. Los PIA responden, en gran medida, a esa necesidad.

Sin embargo, cuando la urgencia por resolver un problema estructural se traduce en procesos que generan tensiones intensas a nivel local, aparece una contradicción difícil de gestionar. Porque el interés general, para ser sostenible, no puede construirse únicamente desde la eficacia. Necesita también legitimidad.

Y la legitimidad no se decreta.

Se construye a partir de la percepción de equilibrio, de la sensación de que los costes y beneficios de una decisión se distribuyen de forma razonable. Cuando quienes están directamente afectados sienten que asumen una parte desproporcionada de ese coste, ya sea en términos económicos, patrimoniales o emocionales, el proyecto deja de percibirse como una solución colectiva y empieza a interpretarse como una imposición.

En este contexto, lo ocurrido en A Parda no debería analizarse como un conflicto puntual, sino como una señal de algo más profundo. Una señal de que los instrumentos diseñados para acelerar decisiones pueden necesitar, a su vez, mecanismos que equilibren mejor sus efectos. No para frenar los proyectos, sino para hacerlos más integradores.

Porque entre considerar un suelo como rústico y convertirlo en ciudad hay un proceso de generación de valor que no es neutro. Y la forma en que ese valor se reparte o no se reparte es lo que determina, en última instancia, si un proyecto se percibe como una oportunidad compartida o como una pérdida individual en beneficio de otros.

El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en si estos proyectos son necesarios, sino en cómo pueden evolucionar para reducir esa distancia entre el valor legal y el valor real. Entre lo que la norma establece y lo que las personas sienten que están perdiendo.

Al final, el interés general no se pone en cuestión cuando actúa. Se pone en cuestión cuando no logra integrar a quienes quedan en su camino.

Y es precisamente ahí, en ese punto de fricción, donde se decide si una política pública se consolida como solución o se convierte inevitablemente en conflicto.