El vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, César Mosquera, ha anunciado que el próximo miércoles, día 9 de febrero, se van a reunir representantes de los concellos de la provincia para "falar da situación actual dos residuos municipais e das perspectivas que hai".
Según ha explicado César Mosquera, el actual marco normativo en este área va a cambiar una vez que entre en vigor la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado. "Supón unha auténtica revolución no mundo dos residuos, un cambio de paradigma total e absoluto", ha valorado Mosquera.
Entre otras consecuencias, esta Ley supondrá acabar con el "buenismo e a voluntariedade" para que se haga un tratamiento de residuos más respetuoso con el medio ambiente debido a que la estrategia seguida hasta ahora"demostrou que non se lograron os obxectivos".
Según el vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, los ayuntamientos que más se aproximaron a estos objetivos ecológicos "en todo el estado español" fueron los concellos participantes en el Plan Revitaliza que impulsa la administración provincial pontevedresa y que está centrado en el compostaje.
Las exigencias a los ayuntamientos en el nuevo marco normativo serán de "resultados e obligatoriedade". Esto significa que se obligará a los concellos a la recogida separada de toda la basura e introduce la obligación de separar a los productores, en origen.
"Tamén impón que os concellos deben ter inspección e control dos residuos", algo que hasta ahora no existía, tal y como ha destacado César Mosquera. La Xunta será la autoridad que controle esa gestión de los residuos. "E todo isto cunha ameaza clara de sancións ás administracións que non cumpran", ha añadido.
Ante esta situación la Deputación de Pontevedra va a "todos os seus esforzos e colaboración" con los concellos para continuar con el Plan Revitaliza.
Así, a las ayudas ya existentes para modificación de ordenanzas municipales, el Gobierno provincial propondrá a los concellos que toda esa información de inspección que las administraciones locales tendrán que remitir a la Xunta se canalice a través de la Deputación.
Además, ofrecerá a los ayuntamientos que no quieran o no puedan llevar a cabo esas tareas de inspección que deleguen esta facultad en la Deputación y también se aprobará una línea de ayudas, que se sumarán a las dos ya existentes, que estará vinculada al cumplimiento de objetivos de reciclaje.
Estos objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea, pasan por reciclar el 55% de todos los residuos municipales en 2025 y el 60% en 2030. La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto.