José Antonio Gómez Novoa
Ventana indiscreta: Banconing
Ante nosotros se ha precipitado al vacío un órgano judicial, que hasta la fecha, aunque cuestionado por el monotema Cataluña, y contaminado por la influencia política, se le suponía una trayectoria intachable a nivel jurídico. Como bien saben ustedes el Tribunal Supremo, es el órgano más alto de la justicia, cuyas decisiones no pueden ser apeladas por ningún otro tribunal.
Pues bien, nos temíamos que en los últimos tiempos había sucumbido ante el poder político, pero ahora con luz y taquígrafos nos percatamos que también actúa al ritmo que le marcan las entidades financieras. Su presidente Carlos Lesmes, pide perdón públicamente, y dice a los medios: "no lo hemos gestionado bien", pero lo que ha pasado en realidad es que han saltado del balcón a la piscina, o mejor dicho, desde la más alta torre de un edificio de la banca a la acera que lo circunda.
Más desprestigio aún si cabe, es cuando llega a nuestros oídos que el presidente de la Sala Díez Picazo, fue nombrado digitalmente gracias a Carlos Lesmes, a pesar de que otro magistrado que competía con él para el puesto lo triplicaba en experiencia y lo superaba ampliamente en bagaje jurídico. Y, lo que es más grave el señor Díez Picazo compaginó su puesto entre el año 2015 y 2017 con la impartición de clases en el Centro de estudios financieros, entidad que recibe casi todos sus recursos económicos de la banca.
El daño a la imagen del "alto" Tribunal, ha tenido una repercusión social, y han salido a la luz los entresijos de la deliberación. Las opciones que se planteaban, era dar la razón a los clientes o a los bancos. La votación se inclinaba 14-13 a favor de los clientes, pero el voto de calidad del presidente de la Sala propició el empate e inclinó la balanza hacia los bancos.
Éste despropósito que ha tenido también una resonancia importante a nivel nacional e internacional, surge en un momento crucial en el que se prepara el juicio oral a Oriol Junqueras y 17 líderes independentistas.
Nuestros representantes políticos parece que no han aprendido la lección y, están repartiéndose estos días, los puestos del Consejo General del Poder judicial olvidándose de la independencia y transparencia exigible. Europa, ya nos ha dicho que este sistema de nombramientos no ayuda a terminar con la corrupción y va en contra de la autonomía judicial.
Hay experiencias en países de nuestro entorno, dónde se han creado organismos independientes para proceder a la selección, y si esto no es posible también podría existir un comité donde estuviera un representante de los cuatro partidos y de las asociaciones judiciales para en base a un concurso de méritos abierto, elegir a los mejores. @novoa48