Rafael FJ Rios
Persecución y blanqueo
Mientras va hirviendo no permite ver desde la marmita lo extraordinario: toda la ciudadanía tiene delante de sus ojos que, en el seno de esta sociedad española perteneciente a la Europa democrática, la persecución ideológica y social implantada por movimientos totalitarios nacionalistas han provocado que miles de personas opten por escapar de su tierra y buscar nuevos horizontes en cualquier parte del resto del país. Esto no sucede en Ruanda en el siglo XIX, sucede en España en pleno siglo XXI, más concretamente en las Vascongadas. No sabemos nada de la huída de ciudadanos catalanes, pero sí están cuantificadas las empresas que se han marchado.
Es de una gravedad tal que solo por ello debería intervenir la Justicia -la Justicia lo que está es intervenida por la política justo para que no haga pié en estos asuntos- para defender a la ciudadanía, tratados como espaldas mojadas dentro de su propia nación. En lugar de que los movimientos totalitarios pasen por los Tribunales, los ciudadanos quedan al albur de su propia y particular lucha por la vida. En pleno siglo XXI y en el interior de una sociedad democrática como España, hay ciudadanos y empresas que -como si estuviéramos en la Yugoeslavia de los 90- huyen de sus casas ante la persecución ideológica que lleva a cabo el nacionalismo.
La persecución es paralela al asesinato. El movimiento totalitario nacionalista ha perseguido, buscado, señalado y asesinado a más de 800 personas, la mayoría de los asesinatos realizados en plena democracia. Asesinatos que jamás prescribirán: vieron a los niños jugar en el patio del cuartel abierto en Vic, escucharon sus risas y de inmediato metieron en el patio un coche bomba con doce bombas de butano con más de 200 kgs de amonal. Héroes, lucha armada, pueblo… todo es pura mierda. Una paranoia brutal y asesina, puros crímenes de lesa humanidad.
Culpables del blanqueo: los gobiernos de la democracia, desde Zapatero a Sánchez pasando por Rajoy. La sociedad española se defendía de las bombas y el asesinato a través de la presión policial, de la judicial y de la política. Todo esto se desmonta en el punto de inflexión que significa el ascenso del PSOE al poder con Zapatero: inicia negociaciones políticas con los asesinos. Se cometen a espaldas de la ciudadanía los más alevosos crímenes contra la Justicia y la Libertad. Cuando finaliza su mandato y pierde las elecciones la estructura creada queda al servicio del Ministerio del Interior: nada se modifica realmente. Sobre las espaldas de los ciudadanos, ciegos, queda cargada la chepa de este montón de basura. Hasta hoy. Más de 300 asesinatos quedan impunes, nadie busca a los asesinos, nadie ampara a las familias. Se presentan a las elecciones.
A partir de este momento el voto ciudadano debía venderse muy caro: ninguna opción política constitucional debería recibir ni un solo voto si no declara abiertamente y desde el principio que no mantendrá acuerdo alguno con movimientos totalitarios que no respeten profundamente las libertades individuales. Los partidos políticos constitucionalistas -del género lamelibranquio-, han visto cómo sus bocanadas han llegado aquí, una práctica contemporizadora que no pone al ciudadano en el centro, sino que manteniéndolo al margen va calculando los pasos, hasta hoy: sobre la democracia llueve, cae un sirimiri ruandés, yugoeslavo, siempre totalitario. A modo de trasatlántico, deben encarar la proa de forma decidida, nítida y clara en una defensa real, diaria y completa de los presupuestos de la libertad y de los derechos civiles e individuales de los ciudadanos. Esto implica: enfrentar el nacionalismo, económica, ideológica, lingüística y culturalmente; defender la Constitución a rajatabla como Ley de Igualdad entre todos los españoles y desplegar la cuestión moral que supone el capitalismo, una y otra vez.
Y el que no lo haga así, que desaparezca.