Dos pontevedreses acusados por estafa aseguran ante el tribunal que también son víctimas
Por Oskar Viéitez
En el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra se han sentado este martes a tres personas acusadas de un delito de estafa del que dos de ellas también afirman haber sido víctimas.
Según explicaron durante la vista oral, los hechos se remontan a octubre de 2008. Una de las acusadas, Beatriz A. L., actuando como intermediaria financiera, convenció en una reunión celebrada en Pontevedra a tres personas para que realizasen una serie de inversiones a través de la empresa Inversiones financieras Sputnik con la que estaban relacionados los otros dos acusados.
Esta mujer estaba tan convencida de que era "una inversión superatractiva" por lo que ella misma puso dinero para la compra de una serie de garantías bancarias que ofrecían una "alta rentabilidad desde el primer mes".
Los denunciantes se pusieron de acuerdo ante notario para invertir de manera conjunta 50.000 euros, una cantidad que aportaron sin que se materializase la inversión y sin que tuvieran documentación de dichas aportaciones.
Beatriz aseguró sentirse como una "tonta" y reiteró ante el tribunal que ella actuó "engañada totalmente" por otro de los acusados, el "señor Moreno" que "nos contaba unas películas que eran de Oscar".
Igualmente el otro de los acusados Joan M. C. se presentó como víctima de las artimañas de su compañero en el banquillo, el tal "señor Moreno". En su caso afirma que ha perdido 220.000 euros que invirtieron entre él y su padre.
Con anterioridad a este juicio, los otros dos acusados interpusieron una querella por estafa contra Manuel Moreno, que fue sobreseída provisionalmente por un juzgado de Madrid, ya que faltaba un supuesto colaborador en esta trama contra el que se ha emitido una orden de busca y captura.
En esta primera sesión del juicio la fiscal ha tratado de demostrar la existencia de una trama para ocultar en todo momento las supuestas inversiones por la que las víctimas no recibieron rentabilidad ninguna ya que tampoco les fue devuelto.
La fiscal pide penas de tres años para los acusados y multa de 9 meses a razón de 20 euros al día, además de devolver los 50.000 euros invertidos más los intereses legales.
El juicio continuará el próximo jueves 25 de febrero.