A juicio por tratar de introducir cocaína en España camuflada en bloques de granito
Por Redacción
Un llamativo juicio por tráfico de drogas llegará esta semana a la Audiencia de Pontevedra. Se sentarán en el banquillo dos hombres que están acusados de importar droga desde Chile oculta en bloques de piedra para distribuirla posteriormente en España.
En la vista oral, que se celebrará en la sección segunda de la Audiencia pontevedresa, la Fiscalía pedirá diez años de prisión para un hombre que responde a las iniciales E.G.A. y trece años para F.G.M., al considerarle reincidente ya que fue condenado en 1996 por la Audiencia Nacional a quince años de cárcel por tráfico de drogas
Ambos, según el escrito de acusación, a principios de 2012 acordaron introducir en España una importante cantidad de cocaína para venderla en pequeñas dosis.
Para introducir la droga en el país idearon un curioso sistema de camuflaje. La cocaína iba a viajar oculta entre bloques de granito, similares a los empleados en la construcción. La piedra era legalmente importada y llegaría a España desde Sudamérica por vía marítima, evitando así los controles de las autoridades nacionales e internacionales.
El fiscal antidroga, Luis Uriarte, destaca que para dar apariencia legal a este negocio crearon una sociedad con sede en el ayuntamiento pontevedrés de Salceda de Caselas y alquilaron una nave industrial en la que almacenar la droga, situada en un polígono de Rubiera Sola (Almería), en donde se asentaban varias empresas dedicadas a la cantería.
Los acusados también realizaron una serie de gestiones para adquirir la maquinaria necesaria para extraer la cocaína que habría de venir camuflada en las piedras.
La operación no fraguó porque las autoridades aduaneras chilenas inspeccionaron el contenedor que esperaban los dos acusados, encontrando en el interior de cuatro rocas de granito noventa paquetes con cocaína de un kilo cada uno y que, en el mercado, habría alcanzado un valor superior a los cuatro millones de euros.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga a cada uno de los acusados una multa de 24 millones de euros.