El concello de Ponte Caldelas advierte la Abanca que retirará sus cuentas se se producen desahucios
Por Redacción
El gobierno local de Ponte Caldelas volvió a reiterar a los responsables de Abanca que cancelará sus cuentas y retirará los fondos municipales de esta entidad se se producen desahucios de afectados por el impago de las hipotecas.
Se trata de una exigencia que ya se produjo al inicio del mandato municipal y que ahora se reitera después de que el alcalde, Andrés Díaz, tuviese que mediar en los últimos meses con otras dos entidades que habían iniciado el lanzamiento de los afectados.
Abanca dio garantías de que los casos más sensibles, producto del impacto social de la crisis económica, fueron resueltos con acuerdos entre las partes y medidas de flexibilización, por lo que no hubo ningún desahucio. Delante de estos datos, el gobierno local, integrado por la coalición de los grupos municipales del PSdeG-PSOE, AVP y BNG, decidió continuar trabajando con esta entidad financiera.
El equipo de gobierno caldelano apuesta muy fuerte por las políticas sociales y eso se expresa en la rebaja o eliminación de tasas por servicios municipales, como sucede con las de abastecimiento de agua, vehículos de tracción mecánica o uso del pabellón municipal, y con ayudas directas a las familias en riesgo de exclusión social para emergencias o adquisición de alimentos. Además, exige que las empresas con las que el Concello contrata mantengan también un compromiso ético y de apoyo a las personas.
Andrés Díaz explicó que los resultados de la mediación realizada delante de otras dos entidades bancarias fueron satisfactorios. Se trata de entidades con las que el Concello no mantiene relación comercial alguna. "Hasta ahora no se produjo ningún caso más", explica el rexidor, "pero estaremos atentos".
El grupo de gobierno caldelano observa que hay un crecimiento en la demanda de vivienda en la villa y está trabajando en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Confía en que salga adelante con agilidad una vez que el proyecto, adaptado a la nueva Ley del Suelo, sea presentado delante Xunta de Galicia. Una demanda que tiene mucho que ver con el hecho de que tras varios años de pérdida de población, el municipio creció en más de 100 vecinos durante el último año, a pesar de que el saldo vegetativo fue negativo.