Archivan la denuncia por prevaricación contra el alcalde de Vilaboa
Por Alejandro Espiño
El juzgado de instrucción número 3 de Cangas ha decidido archivar la denuncia presentada contra el alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El archivo de la causa también afecta a su concejal de Urbanismo, Ricardo Acuña, que al igual que el regidor estaba investigado en relación a un conflicto vecinal por un asunto urbanístico.
El origen de esta investigación judicial fue la denuncia cruzada entre dos vecinos de Vilaboa, que se acusaron por la construcción de un muro y una pequeña construcción del estilo de un galpón. El asunto llegó a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), pero este organismo de la Xunta de Galicia lo acabó derivando al Concello de Vilaboa.
Tras llegar la resolución de la APLU al Concello, en la que se instaba a tomar medidas para solucionar este conflicto, uno de los vecinos denunció a la administración local por el excesivo retraso en la resolución de este expediente urbanístico.
El juez considera que no está "suficientemente acreditado" que este retraso se deba a la "voluntad" de la autoridad o funcionario correspondiente, sino que "atiende más" a los problemas organizativos y de medios en el ayuntamiento, lo que "amplía el tiempo de respuesta" a las denuncias por infracciones urbanísticas.
En el auto, el magistrado añade que "no se ha detectado" ninguna acción "obstructora o conscientemente dilatadora" por parte del ayuntamiento "para favorecer a un determinado vecino en perjuicio de la denunciante".
En este proceso, asegura el titular del juzgado de Cangas, se ha producido un retraso "difícilmente justificable", pero no quiere decir, continúa el auto judicial, que dicha falta de respuesta "o más bien de eficacia" sea penalmente reprochable al alcalde o al concejal de Urbanismo, al entender que no han incurrido en prevaricación alguna.
"Es incierto", afirma el juez, que haya existido una "total inactividad" por parte de la administración municipal y advierte que el asunto que derivó en esta denuncia "se está intentando arreglar a día de hoy".
El retraso se ha debido, según aprecia, en la "distinta interpretación" que hace el Concello y la APLU de las competencias urbanísticas, al "gran número" de expedientes que atiende el ayuntamiento, a las vacaciones de la secretaria municipal y a las bajas de otros funcionarios.