Funcionarios de A Lama denuncian falta de personal y seguridad y alertan de que precisan 50 compañeros más
Por Mónica Patxot & Natalia Puga
Funcionarios de Prisiones Unidos, una nueva plataforma de trabajadores de Instituciones Penitenciarias creada a nivel estatal para denunciar la situación de falta de personal, recortes económicos y agresiones, ha llevado su protesta este miércoles a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Varias decenas de trabajadores del centro penitenciario de A Lama se concentraron ante el edificio gubernamental para hacer públicas sus protestas y dejar claro que el penal pontevedrés "es una reproducción del resto de las prisiones" y hay mucho que criticar.
El portavoz del colectivo en A Lama, Manuel Couto, explicó que en la cárcel pontevedresa, al igual que en el resto de España, hay presos yihadistas, bandas organizadas del este y "gente que está en la enfermería y que está muy mal, pacientes psiquiátricos que no sabemos cómo tratarlos", de modo que el día a día se ha complicado para los funcionarios que se encargan de su seguridad y, mucho más, si se tiene en cuenta que la plantilla está mermada.
Al respecto, ha explicado que la plataforma surgió a raíz del último concurso de traslados de Instituciones Penitenciarias y "ante la inacción de los sindicatos". Ha recibido el apoyo de unos 4.000 trabajadores de toda España y acaba de plasmarse en una asociación al margen de partidos y sindicatos que se marca como objetivo mejorar las condiciones de trabajo que no han parado de empeorar desde el inicio de la crisis y como consecuencia de que no se aumente plantilla desde 2008.
Manuel Couto ha indicado que sus peticiones básicas son que se convoque una oferta de empleo público, el rejuvenecimiento de las plantillas -que tienen una media de 50 años-; fin de las agresiones; frenar la pérdida de poder adquistivo; formación a través de la administración; una carrera profesional evaluable; y tener la condición de agente de la autoridad.
Al igual que en el resto de prisiones españolas, en A Lama son "frecuentes" las agresiones de internos a funcionarios. Según denuncian, para evitarlas o reducirlas son necesarios medios coercitivos, pues los que tienen en la actualidad "son insuficientes". De todas formas, el mejor medio coercitivo que existe es que se cumpla la RPT -Relación de Puestos de Trabajo-, pues "si hay plantillas es la mejor medida para reducir las agresiones".
"Si yo estoy solo en un módulo y tengo un conflicto en una galería no puedo ni avisar que estoy en un apuro", denuncia Couto. En el caso de A Lama, en la actualidad hay una población reclusa de 1.300 personas, frente a las 1.077 para la que fue creada la cárcel, y hay 500 funcionarios. De ellos, 240 se encargan de tareas de vigilancia de la seguridad en el interior del penal -el resto están en administración, tareas logísticas, cocina...-, lo que motiva que cada turno tenga un máximo de 50 trabajadores, una cifra claramente insuficiente.
"La gente se va jubilando y la relación de puestos de trabajo es la misma", lo que ha provocado que en muchos módulos de A Lama haya un solo funcionarios, o un máximo de dos, para atender a 80 o 90 internos. Para mejorar esta situación y las condiciones de trabajo de los empleados públicos, harían falta un mínimo de 50 trabajadores más.
La plataforma de trabajadores también denuncia la privatización progresiva de las prisiones españolas. Según denuncian, la primera fase ya está en marcha al privatizar la vigilancia exterior y la intención de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias es ir haciendo lo mismo con las oficinas, serviciso de torres, puertas, rastrillos y otros servicios.