El Santuario de las Apariciones, cercado por un cruce de denuncias judiciales por despido, desahucio y estafa
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Filomena Barreiro Entenza está viviendo lo que define como "un auténtico infierno" en la Tierra y, curiosamente, se lo atribuye a una organización religiosa. Responsabiliza de su situación a la Asociación Ejercito Azul de Nuestra Señora Mundial de Fátima en España, comunmente conocida como el Apostolado Mundial de Fátima; personaliza parte de las acusaciones en su representante legal y secretario nacional, Jesús Ausocúa; y, como responsables colaterales, sitúa a la Conferencia Episcopal y al Arzobispado de Santiago. Filomena Barreiro ha sido toda su vida una persona religiosa practicante y muy creyente, pero su relación con estas personas e instituciones de la Iglesia Católica le llevan a asegurar que ha perdido "la confianza que teníamos en la Iglesia católica".
Ese infierno, "un calvario" en otros momentos de la conversación en la que relató su historia a PontevedraViva, tuvo su origen tres años atrás, cuando en octubre de 2014 firmó un contrato de trabajo y de alquiler con el Apostolado Mundial de Fátima por el que se convirtió en la limpiadora y cuidadora del Santuario de las Apariciones de Pontevedra y en inquilina de una vivienda que forma parte del mismo recinto, pero de acceso por la calle San Martiño.
Ahora tanto ella como su marido han ganado a la organización religiosa varias demandas por despido y reclamación de cantidades, pero, al mismo tiempo, han perdido una causa judicial por la que le desahucian de la vivienda y el Apostolado le ha presentado una querella criminal por dos delitos: estafa y administración desleal. Fuentes oficiales del Apostolado han confirmado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra la ha admitido a trámite.
La situación actual es que la relación entre Filomena y su marido y el Apostolado ya se dirime solo en los tribunales y el que fue un vínculo personal y laboral muy fuerte está totalmente roto. Ella siente que "nos han tratado como a criminales" y no puede parar de llorar porque "ni hemos robado ni estafado ni engañado, no hemos matado a nadie, hemos defendido esta casa casi como nuestra vida" y, sin embargo, se siente decepcionada y muy mal tratada.
Por su parte, Jesús Ausocúa, en declaraciones a PontevedraViva indica que no quiere entrar en polémicas y prefiere dejar que hablen los tribunales, pero sí recuerda que se han visto obligados primero a un despido disciplinario y luego a presentarle una querella porque "rompió la buena fé contractual". Era de facto administrativa en el ámbito legal y delegada en Pontevedra del Apostolado y, sin embargo, acabó aprovechándose de la confianza depositada. Ella lo niega todo, señala que solo era la limpiadora.
A nivel personal, Filomena asegura que "siempre he sido una persona muy creyente" y ahora cree que "en la Iglesia todo es mentira". A nivel laboral, tras sufrir una baja laboral prolongada, asegura que la despidieron sin justificación y adeudándole 8.700 euros de salarios impagados y una importante cantidad a mayores a su marido, que podría llegar a 19.000 euros. A nivel judicial, está metida en varios frentes como demandante y demandada.
Una sentencia desahucia a Filomena de la casa anexa al santuario en la que vive desde 2014
Como demandante, ganó ya tres juicios relacionados con su relación laboral con el Apostolado, entre otras cuestiones, por haberle cambiado las condiciones de trabajo de forma injustificada y no abonarle lo convenido durante su baja laboral. Como demandada, ha perdido uno con un fallo judicial que ya ha recurrido, pero que le obliga a dejar la casa en la que lleva viviendo casi tres años junto a su marido y su hija menor. El Apostolado le desahució. Es algo que considera que va en contra de los principios que deben regir el comportamiento de una organización que se dice religiosa y que ayuda a los desfavorecidos.
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra estima la demanda interpuesta por el Apostolado y declara que procede el desahucio y condena a Filomena al pago de 870 euros. Se basa en el impago de diversas mensualidades de renta, pero la desahuciada ha recurrido al entender que no procede tal impago.
Según relata, cuando la contrataron como limpiadora, le hicieron un contrato de alquiler para legalizar la ocupación de la vivienda "porque no quería ser una okupa", pero en el contrato ya iba implícito que durante el tiempo que trabajase allí no pagaría. Durante este tiempo, además, mantiene que no vivía allí y le dedicaba las 24 horas del día al Apostolado y al mantenimiento del Santuario de las Apariciones, en el que limpiaba, pero también se encargaba de atender a quienes se alojaban en la vivienda anexa, entre ellos sacerdotes, grupos de oración y otros religosos.
El Apostolado considera que sí debería haber pagado y, tras despedirla en febrero de este año, en marzo le presentaron una demanda de desahucio. La vivienda estaba arrendada por razón del contrato de trabajo y mantienen que, extinguida la relación laboral, no hay motivo para que sigan ocupando la casa. El juzgado no entra al fondo de esa situación, pero la echa de su casa porque no ha pagado las cantidades que le reclaman los dueños.
Mientras ella sigue viviendo en esa casa, del Santuario se hace cargo una nueva orden religiosa que llegó tras su despido y ella manifiesta un malestar creciente. Critica que ya antes de ella estuvo en el Santuario una orden muy cuestionada ahora en los juzgados, los conocidos como Miguelianos que seguían a Miguel Rosendo, ahora en prisión.
Ahora no cuestiona a la orden que se ha hecho cargo, pero sí a la forma en la que a ella la apartaron de todo. También que argumentan que no pueden pagarle los salarios adeudados porque no tienen dinero y, sin embargo, mantienen a las tres religiosas y el sacerdote allí asentados ahora. Y su decepción mayor es con el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, con quien había intercambiado correos electrónicos que acreditaban su relación personal y laboral y, sin embargo, hace semanas, acudió al juicio por su despido y aseguró que no tenía ninguna relación con el Arzobispado. Filomena está dolida y siente que "me están tratando como a una terrorista" cuando lo único que ha hecho los tres últimos años ha sido darlo todo por mantener el santuario y la casa anexa en orden.